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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) demandó al Gobierno de Nicaragua la “rendición de cuentas” para garantizar justicia, verdad y reparación a las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018.

La solicitud sobre rendición de cuentas la realizó Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta del organismo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el 41 período de sesiones, donde presentó la primera actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que se expuso en marzo pasado.

El informe actualizado también critica al Gobierno de Nicaragua porque “continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales-elementos armados gubernamentales”.

Gilmore demandó al Gobierno garantizar “la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”.

Enfatizó que en Nicaragua las violaciones de derechos humanos, cometidas en el contexto de la crisis sociopolítica que inició en abril 2018, “siguen sin resolverse” y “la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”.

El informe actualizado presentado por la Oacnudh fue acogido por las delegaciones de Argentina, España, Australia, Croacia, Noruega, Francia, Alemania y Suecia, entre otras.

La delegación de España mostró su preocupación por la crisis en el país centroamericano.

“Compartimos la profunda preocupación por la crisis en Nicaragua con un número alarmante de víctimas como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y el elevado número de detenciones arbitrarias”, expresó la representante del Gobierno de España.

La delegada del Gobierno español también urgió al Gobierno de Nicaragua reconsiderar el retorno al país de la oficina de la Oacnudh y otros órganos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Sin justicia

La representación de Australia urgió al Gobierno a “respetar y proteger los derechos humanos” en Nicaragua y lo instó a “adoptar mecanismos independientes para investigar las violaciones a derechos humanos”, que se cometieron desde abril de 2018 en el país y liberar “inmediatamente” a los manifestantes presos.

El jurista José Pallais, de la opositora Alianza Cívica, explicó que la “rendición de cuentas” que solicita la ONU consiste en “hacer justicia a las víctimas de la represión gubernamental y no es informar o mantener la versión distorsionada de la realidad que ellos (el Gobierno) tienen”.

Pallais reveló que cuando abordaron el tema de justicia en la mesa de negociación, el Gobierno se negó rotundamente.

“El Gobierno se continúa negando a hacer justicia a las víctimas de la represión, es por eso que no hay ninguna investigación abierta contra funcionarios del Gobierno, policías o paramilitares. Eso indica una falta de voluntad del Gobierno para hacer justicia y, por ende, rendir cuentas a la comunidad internacional”, denunció.

Carlos Tünnermann, también de la Alianza Cívica, señaló que en Nicaragua no hay una investigación de los crímenes y asesinatos que se cometieron desde abril del año pasado.

“No se ha hecho nada por buscar justicia, todo lo contrario, el Gobierno aprobó una Ley de Amnistía que conduce a que estos hechos queden en la impunidad. Eso es un burla para todos los nicaragüenses que perdieron a sus familiares”, criticó el también representante de la Alianza Cívica.

Ley de Amnistía

El informe actualizado de la Oacnudh critica la Ley de Amnistía bajo la cual fueron dejados en libertad 106 manifestantes presos, por considerarla “ambigua” y porque podría “beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”.

No obstante, la Comisionada Adjunta de Oacnudh hizo hincapié en que “el Gobierno de Nicaragua debe liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”. 

Las delegaciones de España y Argentina se sumaron a la solicitud de libertad a todos los manifestantes. El representante argentino afirmó que en representación de 49 miembros de la ONU, pide la liberación y la debida protección de los manifestantes que han sido encarcelados y que además aparecen en la lista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Actualmente se conoce que más de 80 manifestantes permanecen encerrados en diferentes cárceles de Nicaragua.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rescató que son “pasos alentadores” que el Gobierno de Nicaragua haya liberado a la mayoría de los manifestantes encarcelados, pero reiteró su llamado a liberarlos a todos.

Agrega que la Ley de Amnistía junto a la Ley de Atención Integral de Víctimas fueron adoptadas “sin consultas suficientes y no garantizan el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación”.

La delegación de España coincidió con el informe de Oacnudh y dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la Ley de Amnistía presenta “obstáculos para resolver la crisis en el país”.

Asimismo, el representante de Noruega manifestó su “rechazo” a la aplicación de amnistía, pues consideró que “pone en riesgo la verdad” de lo que pasó desde abril de 2018 en Nicaragua.

La Alta Comisionada Adjunta se ofreció, en el informe, a asesorar al Gobierno de Nicaragua para mejorar ambas leyes.

Torturas en cárceles

Además de la justicia a los crímenes y libertad para los manifestantes encarcelados, Gilmore pidió al Gobierno de Nicaragua que se lleven a cabo investigaciones “inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.

Tünnermann señaló que la denuncia de torturas, señaladas por la ONU, son graves por ser un delito que no prescribe y puede ser investigado por la justicia internacional.

Además, resaltó que informes como el de la Alta Comisionada de la ONU “echan por el suelo las afirmaciones del Gobierno de que todo está normal”.

Michael Healy, representante suplente de la Alianza Cívica, afirmó que el informe de Oacnudh “ayuda a que internacionalmente se vea que en Nicaragua ha habido crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, que en Nicaragua hay persecución, hay asedio no solo a los excarcelados, sino a su familia, pero que también todavía tenemos presos políticos”.

Reunión con la ONU

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también menciona que luego de ser expulsados en agosto de 2018 e intentar recuperar el acceso a Nicaragua, el Gobierno nicaragüense les extendió el pasado 5 de julio información sobre la situación de los derechos humanos en el país y la confirmación de la participación del ministro asesor de la Presidencia en una sesión de trabajo que tendrá lugar el próximo 13 de julio en las oficinas de Oacnudh, en Panamá.

Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta del organismo ante el Consejo de los Derechos Humanos ante la ONU. AFP/END

Gilmore agregó que confían en que esa reunión conduzca a “un acceso continuo para la oficina en el futuro”, pues están dispuestos a ayudar al Gobierno de Nicaragua a “cumplir con sus obligaciones internacionales”.

La delegación de México informó que su Gobierno “está preocupado por la persecución, la falta de libertades y derechos en el país y alienta al Gobierno a revertir estas acciones”, por lo que instó “al régimen a permitir el ingreso de los organismos de derechos humanos en el país”.

La participación del ministro asesor del presidente en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio en la oficina regional de Oacnudh en Panamá, genera expectativas que pueden ayudar a resolver la crisis si el Gobierno de Nicaragua muestra la voluntad de asistir, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza.

“Por lo menos veo una señal de parte del Gobierno al anunciar que esta persona va a asistir a Panamá (…) si eso fuera así existiría un cambio en la posición Gobierno que hasta hoy no lo ha tenido, sigue cerrado, sigue sin permitir la (entrada de la) CIDH, sigue sin permitir que venga el Alto Comisionado (de Derechos Humanos de la ONU, sigue habiendo represión, esperemos el anuncio que se pueda dar posterior”, señaló Aguerri.

Tünnermann confía que de esa reunión, entre Gobierno y Oacnudh, resulte un acuerdo del regreso de la misión de la Alta Comisionada, pues considera que los informes extendidos por el organismo defensor de derechos humanos “han sido muy ajustados a la realidad de Nicaragua”.

Por el contrario, el exdiputado Pallais tiene dudas de que en esa reunión entre el Gobierno y Oacnudh, resulte que el Gobierno habrá las puertas de Nicaragua, pues considera que “puede ser usada para hacer que sea tomada en cuenta su versión distorsionada de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, pese a que sabemos toda la presión internacional que tiene encima para que vuelvan los organismos internacionales de derechos humanos”.

La ONU denunció este miércoles que la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas en Nicaragua. Óscar Sánchez /END

Gobierno ve otra cosa

Sin embargo, la versión gubernamental extendida ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es que el Gobierno de Nicaragua está “enfocado en garantizar la paz, la justicia y el bienestar”.

El representante de Nicaragua en el organismo, Valdrack Jaentschke, insistió en que las manifestaciones, iniciadas en abril 2018, fueron “acciones de grupos violentos que el año pasado intentaron romper el orden constitucional”. 

Además, afirmó que en Nicaragua “no hay persecución a personas y organizaciones”.

Jeantscheke defendió que Ley de Amnistía ha permitido la “excarcelación de todas las personas detenidas en el contexto de los hechos de 2018, cerrando los expedientes de todos los procesos administrativos y penales relativos”. 

Los opositores de la Alianza Cívica afirman que la Ley de Amnistía da lugar a la impunidad, que el Gobierno realmente no ha liberado a todos los manifestantes, pues faltan más de 80, y no se ha cerrado las causas de los que ya fueron excarcelados.

El informe presentado por el Gobierno nicaragüense solo fue respaldado, como de costumbre, por las delegaciones de Venezuela, Cuba y Bolivia, que abogaron por el “no injerencismo” en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.