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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este miércoles su informe semestral sobre la situación de Nicaragua, donde muestra su preocupación por la persistencia de violaciones a los derechos humanos y la represión contra opositores al Gobierno.

“La CIDH manifiesta preocupación por continuidad de la represión en Nicaragua después de casi cinco meses de instalada la mesa de negociación (del diálogo). También lamenta la falta de voluntad del Estado para restablecer las libertades y derechos a toda la población”, informó en su informe la CIDH.

En el documento publicado en el sitio web del organismo, la CIDH hace un recuento sobre los acontecimientos registrados en el país desde enero a junio en la que destaca, agresiones contra opositores, encarcelamiento, denuncias por torturas, prohibición de las protestas y asedio. 

“A un año de la publicación de su Informe final ´Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua´, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 con el fin de ´cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas´, así como respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Así como la recomendación 8, para que el Estado desmantele los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”, especifica la CIDH en su informe. 

La CIDH además criticó la aprobación de la Ley de Amnistía, la cual a su juicio, no garantizan el acceso a la justicia para las víctimas, y da impunidad a los perpetradores de los crímenes ocurridos durante la represión a las protestas. 

EL organismo  denunció que los manifestantes que han sido excarcelados son asediados y amenazados, y responsabiliza al Estado por haber brindado información de sus domicilios cuando informaba sobre el proceso de liberación, además solicita cerrar los procesos judiciales contra todos los considerados “presos políticos”. 

“Mantener abiertos procesos penales injustificados tiene impactos negativos para los derechos de las personas recién liberadas derivadas de la propia incertidumbre de su situación jurídica. La sola posibilidad de que las causas penales sean reactivadas en cualquier momento genera un efecto disuasivo para el ejercicio de sus derechos”, señaló el Comisionado Joel Hernández, relator de la CIDH sobre los derechos de las personas Privadas de Libertad.

Las detenciones de opositores no cesan en Nicaragua / Archivo En otro aspecto la CIDH también externa su preocupación por la situación que enfrentan los más de 70,000 nicaragüenses desplazados a causa de la crisis.

La Comisión también critica el cierre de los espacios públicos a través de decretos para restringir libertad de prensa. Finalmente la CIDH exhorta al Gobierno a encauzar la salida de la crisis a través de la apertura al escrutinio internacional y el cese a la represión.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH / Archivo “la CIDH reitera al Estado de Nicaragua su llamado para cesar la represión, desactivar el ambiente de intimidación que permanece en todo el país y, en particular, garantizar de manera prioritaria: la restitución inmediata de personerías jurídicas a organizaciones de la sociedad civil; la apertura al escrutinio internacional con presencia del MESENI de la CIDH y la OACNUDH; la devolución inmediata de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones, requisas u ocupación de instalaciones; la garantía de un retorno seguro para todas las personas desplazadas en el contexto de la crisis; la garantía de investigaciones imparciales y diligentes a las violaciones a los derechos humanos. Esto incluye la creación de órganos que aseguren imparcialidad en la administración de justicia; reparación integral para las víctimas de conformidad con los estándares internacionales y garantías de no repetición a través de reformas institucionales apropiadas; y, el desmantelamiento de grupos parapoliciales y terceros armados que continúan hostigando a la población civil”, apunta el organismo en su comunicado.