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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves un reporte semestral sobre la crisis de Nicaragua, en el que señala que el Gobierno no da muestras de tratar de superar la “situación de impunidad” respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del año pasado. 

“A un año de la publicación de su informe final ‘Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua’, la comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2, con el fin de cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, señala el documento. 

Menciona también el deber del Gobierno de respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

El organismo plantea que a pesar de que hace cinco meses el Gobierno y la oposición iniciaron un proceso de negociación, el Ejecutivo no ha querido cumplir el acuerdo suscrito para garantizar los derechos de la ciudadanía y más bien ha recrudecido la persecución contra las voces disidentes.

Añade que el Ejecutivo debe acatar la recomendación de dicho informe para que el Estado desmantele a los grupos afines “y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

El organismo enumera que a lo largo del primer semestre del año, el Estado rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y, además, mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH/Archivo/END

“Asimismo, en los meses de mayo y junio, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protestas sociales improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, el asedio permanente a plantones exprés, así como a cualquier acto en el que participan personas excarceladas o personas identificadas como opositoras al Gobierno, incluyendo celebraciones religiosas y misas”, agrega.

Critica juicios

De igual manera, el reporte de la CIDH señala las restricciones que el Estado implementa contra las personas que han sido excarceladas, muchas de las cuales todavía permanecen con procesos judiciales abiertos.

También menciona que las normas jurídicas recién aprobadas, en particular, la Ley de Amnistía y de atención integral a las víctimas, no garantizan el acceso a la justicia para las mártires, y por el contrario, cobija con un manto de impunidad a los perpetradores de los crímenes.

En otro aspecto externa su preocupación por la situación que enfrentan los más de 70,000 desplazados a causa de la crisis.

Además, menciona el cierre de los espacios públicos a través de decretos para restringir la libertad de prensa y la de asociación, por mencionar algunos.

Finalmente, la CIDH exhorta al Gobierno a encauzar la salida de la crisis a través de la apertura al escrutinio internacional y el cese a la represión.

Pasar a los hechos

El exdiplomático, Mauricio Díaz, señaló que la comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos han documentado fehacientemente todo lo ocurrido en Nicaragua, y dado que el Gobierno no da muestras de querer acatar estos llamados, es momento de pasar de las palabras a los hechos concretos.

Finalmente, la CIDH exhorta al Gobierno a encauzar la salida de la crisis a través de la apertura al escrutinio internacional y el cese a la represión. Archivo/END

“Ya llevamos más de un año desde los sucesos de abril, todo debidamente documentado por instituciones creadas de manera profesas, como el Grupo Internacional de Expertos Independientes, el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Situación de Nicaragua. Ya no hay nada más que decir; información exhaustiva, detallada, abundante y el Gobierno simplemente parece que no escucha, que no tiene interés en reaccionar al clamor interno e internacional”, argumentó Díaz.