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Las medidas provisionales concedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para el personal de la CPDH y el (Cenidh), son consideradas necesarias por representantes de ambas organizaciones, porque aseguran que sufren una persecución implacable.

“El Gobierno lo que trata es de callar las voces, incluso de los defensores de derechos humanos, que creemos que no habrá paz y justicia hasta que se restituyan los derechos humanos”, afirmó Jaime Ampié, promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Boaco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió este viernes las medidas provisionales que solicitó a finales de junio pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el personal de ambas organizaciones, por el peligro que enfrentan.

“Día a día en Nicaragua hay encarcelamientos, desapariciones y el asedio que sufrimos todos los que fuimos excarcelados. Hay un ataque salvaje contra el personal de la CPDH y su secretario ejecutivo, Marcos Carmona, una campaña de difamación y ofensas, igual lo estamos viviendo los promotores de derechos humanos”, dijo Ampié, a quien enjuiciaron y condenaron por supuestamente causar lesiones en contra de concejales del partido de Gobierno y personas que se manifestaban en contra de un tranque que se levantó en una comunidad de Boaco.

La última denuncia sobre amenazas y asedio la hizo pública Ampié en días pasados, cuando señaló el acoso policial y de grupos paraestatales, quienes ya no se limitan a amedrentarlo a él, sino que amenazan de muerte a su familia.

Las amenazas, según Ampié, son hechas a través de redes sociales y el sábado, 6 de julio, agentes policiales acompañados por grupos afines al Gobierno los ofendieron.

Sostuvo que un simpatizante sandinista supuestamente intentó agredirlo a él y al abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, sin que la Policía interviniera.

Por su parte, la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), organismo al cual el Gobierno le canceló su personería jurídica, prefirió no comentar, pero señaló que sustentarán sus consideraciones sobre el tema este lunes.

Nicaragua ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de septiembre de 1979 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoce la competencia contenciosa de la CIDH y la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 12 de febrero de 1991.

ALMAGRO LLAMA A ACATAR

Ante la decisión de la Corte IDH, el secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó al Gobierno de Nicaragua a respetar las medidas adoptadas por el organismo jurídico regional.

“La comunidad internacional debe permanecer alerta para proteger derechos de los nicaragüenses”, agregó Almagro este sábado en su cuenta de Twitter

En su comunicado de este viernes, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, requirió al Estado “adopte de forma inmediata las medidas necesarias para evitar daños irreparables y proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los y las integrantes de las organizaciones mencionadas”

En el comunicado se establece también que las medidas son “con el fin de asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos, sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones”.

En otro acápite, el organismo precisa que en la solicitud de medidas provisionales presentadas el 27 de junio pasado, la CIDH aportó pruebas sobre las amenazas recibidas por numerosos integrantes de ambas organizaciones y tras analizar dicha solicitud, el presidente de ese organismo consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad.

El 22 de mayo pasado, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente de la Corte –IDH, resolvió adoptar diversas medidas urgentes para evitar daños irreparables a 17 personas que en ese entonces estaban privadas de libertad.