Lizbeth García
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Porque el proceso quedó viciado de nulidad desde el momento que admitieron pruebas de descargo presentadas extemporáneamente, la jueza Segundo Penal de Juicios de la capital, Adela Cardoza Bravo, decidió anular todo lo actuado y reprogramar para el 26 de junio el juicio oral y público para la ex notario uno del Estado, Morena Isabel Avilés Serrano. La Fiscalía y la Procuraduría acusaron a Avilés por la supuesta autoría de los delitos de estafa, estelionato y falsificación de documentos públicos y auténticos en perjuicio de Estado, y de Dennis Laguna, Felipe Nery Díaz Díaz y de otras personas.

Los hechos acusados aparentemente ocurrieron entre agosto de 2001 y agosto de 2006, cuando la acusada se desempeñó como notario uno del Estado en la Procuraduría General de la República, PGR.

Presuntamente la acusada les dijo a las víctimas que les iba a legalizar las propiedades que estaban ocupando, pero a cambio tenían que depositar dinero en una cuenta para cubrir los gastos legales, el problema es que, según la Fiscalía, la mencionada cuenta estaba a nombre de la ex notario del Estado y de sus familiares.

Para probar los extremos de su acusación, el fiscal Ernesto Hermida y el procurador Óscar Gutiérrez, presentaron las minutas de los depósitos que aparentemente Avilés recibió en su cuenta y las falsas escrituras de legalización de propiedades. El juicio con jurados arrancó el primero de junio, e iba a terminar este lunes ocho de los corrientes, pero mediante un auto de oficio, la judicial anuló todo lo actuado y reprogramó el proceso, porque corroboró que el abogado defensor, Carlos Palacios, presentó fuera del término legal de 15 días después de celebrada la audiencia inicial, su intercambio de información y pruebas.

En el mismo auto donde la juez reprogramó el juicio para el 26 de junio, se declaró el abandono de la defensa por parte de Carlos Palacios, se atribuyó el tiempo de demora del proceso al mismo abogado y se le nombró nuevo abogado a Morena Avilés Serrano.

El año pasado, Avilés fue condenada a once años de prisión por delitos derivados del tráfico de tierras en dos juzgados, pero el juez Séptimo Penal de Juicios de Managua, Octavio Rothschuh, unificó las penas y se las rebajó a nueve años, pero cabe la posibilidad de que la ex notario pueda salir en libertad, porque aparentemente fue beneficiada con el indulto, lo que ninguna autoridad del Sistema Penitenciario Nacional confirmó ni negó ayer.