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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) condenó la muerte a balazos del joven Bryan Murillo López, ocurrido este miércoles en la ciudad de León, al tiempo que pidió al Gobierno parar la represión contra las voces disidentes.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la UNAB señala que luego de 15 meses de iniciada la crisis sociopolítica en Nicaragua y a pesar de existir acuerdos suscritos entre la oposición y el Gobierno, este último continúa incumpliéndolos, tal como lo demuestra el hecho que aún permanecen en prisión más de 100 manifestantes antigubernamentales y la prohibición de realizar protestas públicas.

Además, según la UNAB, en los últimos días se han incrementado lo que consideran “asesinatos selectivos”.

“En los últimos 22 días asistimos a un promedio de un asesinato selectivo por semana (algunos en territorio hondureño), siendo la mayoría de las víctimas de la zona norte. El último acto de violencia lo perpetraron el día de hoy (miércoles) con el asesinato del joven Bryan Murillo, de León”, señala el comunicado.

Murillo López, de 22 años, murió la madrugada del miércoles en su propia casa del barrio Guadalupe de León, al recibir tres balazos disparados por agentes policiales.

La familia del joven explicó que en el incidente un hermano de éste, Kener Geovanni Murillo López, de 26 años, y Javier Feliciano Cortez Castellón, de 32 años, también fueron heridos de bala.

La Policía, por su parte, emitió un comunicado en el que afirma que Murillo López se hallaba prófugo y había una orden de captura por estar vinculado a delitos de robo con intimidación y robo con violencia en perjuicio de dos personas.

La versión policial agrega que tanto los hermanos Murillo López como Cortez Castellón, a quienes califica de “delincuentes”, supuestamente se armaron con machetes y atacaron a los agentes, hiriendo al teniente Álvaro Pichardo.

Pide retorno de organismos de DDHH

La UNAB reiteró el llamado para restablecer el diálogo en el país, pero que el mismo debe realizarse bajo un escenario de cumplimiento de los acuerdos suscritos, así como contar con garantes internacionales y permitir el retorno al país de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).