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caso. Una inversión millonaria que prometía aprovechar la velocidad del viento que cruza por el Istmo de Rivas, para generar 40 megavatios de energía eléctrica, ha quedado en el limbo luego de que el Tribunal de Apelaciones de la Sala Penal de Granada ratificó una sentencia declarando culpable de crimen organizado a uno de los socios del proyecto.

La sentencia número 105- 2019, emitida el 14 de junio de este año, también confirma el decomiso de la propiedad en la que se tenía previsto construir el parque eólico y se la adjudican a la Unidad Administradora de Bienes Incautados.

El fallo cayó como un balde de agua fría a un grupo de inversionistas noruegos que señalan en el proceso judicial que han sido víctimas de una estafa agravada y crimen organizado de parte de dos salvadoreños que les propusieron invertir en el proyecto.

La obra se pretendía construir en la finca “La Campana”, localizada en el municipio de San Juan del Sur y sería financiada por la sociedad noruega “Papagayo Energy As”, representada por el noruego Ove Bertil Sotberg.

De acuerdo con el voluminoso expediente judicial, quienes propusieron invertir en el proyecto de generación de energía eólica a los noruegos son el salvadoreño Carlos Santiago Ruiz Sandoval, de 78 años, y su hijo, Jaime Ruiz Ávila, durante el 2009.

Ruiz Sandoval actuó en representación de la sociedad “Granada Electric S.A” (Gesa), propietaria de la finca “La Campana”, compuesta por 993 manzanas con 2,724 varas cuadradas, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Rivas, con cuenta registral 17,014, tomos 422 y 433, folios 205, 248 y 249.

De acuerdo con el voluminoso expediente judicial, quienes propusieron invertir en el proyecto de generación de energía eólica a los noruegos son el salvadoreño Carlos Santiago Ruiz Sandoval, de 78 años, y su hijo, Jaime Ruiz Ávila, durante el 2009.Archivo/END

Tras ponerse de acuerdo ambas partes, Sotberg inició a realizar desembolsos de dinero a los salvadoreños para obtener el permiso y ejecutar la construcción del parque eólico, en dicha finca.

Según el expediente judicial, entre el 2009 y 2012, el noruego realizó una serie de desembolsos de dinero que ascienden a US$ 702,483.34, para la ejecución del proyecto que le habían propuesto.

No obstante, pese a los desembolsos, el noruego se percató de que no había avances de la obra y adujo que Ruiz Sandoval y su hijo se estaban lucrando de su dinero y terminó denunciándolos por estafa agravada y crimen organizado.

Tras la denuncia del inversionista noruego, la Fiscalía de Rivas decidió acusar el 27 de noviembre del 2014 al salvadoreño y a su hijo por estafa agravada y crimen organizado, en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Rivas.

En el caso aparecen como víctimas la sociedad noruega “Papagayo Energy As” y “La Campana S.A”, que fue constituida para desarrollar lo que se perfilaba como el quinto parque eólico de Rivas.

El proceso judicial se puso en marcha hasta en noviembre del 2016, cuando la policía arrestó a Ruiz Sandoval, pero la causa se abrió únicamente en su contra, ya que su hijo aún continúa prófugo.

La obra se pretendía construir en la finca “La Campana”, localizada en el municipio de San Juan del Sur y sería financiada por la sociedad noruega  “Papagayo Energy As”, representada por el noruego Ove Bertil Sotberg.Imagen Referencial/Archivo/END

Douglas Rodríguez Castillo, en representación de la sociedad “Papagayo Energy As”, y “La Campana S.A”, se sumó como acusador particular y señaló que la inversión estimada del proyecto ascendía a US$156 millones y que generaría 200 empleos, pero que los salvadoreños han causado obstrucciones y obstáculos para que la obra no funcione.

En la acusación también se detalla que la sociedad noruega entregó 277,068 dólares a los salvadoreños, en noviembre del 2009, para que pagara un estudio de las características de los recursos eólicos de La Campana.

La empresa contratada por los salvadoreños fue la compañía costarricense Nordica de tecnología y comercio (Nordteco), pero, según la acusación, los cuzcatlecos solo pagaron 184,575 dólares y se quedaron con el resto.

A la vez, se detalla que como parte del estudio se instalaron cuatro torres para estudiar y medir la velocidad del viento, pero supuestamente en noviembre del 2011 los salvadoreños intervienen la trasmisión de datos y, posteriormente, en octubre del 2013 desmantelaron las torres.

“Con ello los acusados han perjudicado la obtención de datos e información de la etapa preliminar autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, en relación con el estudio de factibilidad, que tenía una duración de 245 meses y que caducó el 17 de noviembre del 2013”, dice textualmente la acusación de la Fiscalía.

En primera instancia la ahora exjueza del Distrito Penal de Juicio de Rivas, Anabelle Moreno Villalobos, declaró culpable por crimen organizado a Ruiz Sandoval, en perjuicio del Estado de Nicaragua, mientras que un tribunal de jurado lo encontró inocente de la estafa agravada.

Por el delito de crimen organizado, la jueza le impuso el 28 de julio del 2017 una condena de 7 años de cárcel a Ruiz Sandoval, la cual debía culminar el 13 de noviembre del 2023 en el Sistema Penitenciario de Granada.

No obstante, el 1 de abril de este año, las magistradas del Tribunal de Apelaciones de Granada, Telma Vanegas, Marielo Mendoza y María Peralta Mejía, dictaron un auto que otorga el beneficio de convivencia familiar extraordinaria al salvadoreño, alegando un principio de humanidad.

Posteriormente, el 14 de junio confirman la sentencia de Villalobos y ratifican el traspaso de la propiedad a la Unidad Administradora de Bienes Incautados.