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Las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como los pequeños y medianos productores y propietarios de tierras dentro de áreas protegidas, podrían ser los beneficiados con un millonario programa de pago por captura de carbono, afirmó el Banco Mundial a El Nuevo Diario.

No obstante, algunas comunidades indígenas y afrodescendientes consultadas por El Nuevo Diario, coincidieron en que no están claras sobre los alcances del proyecto.

El Banco Mundial indicó que el Gobierno de Nicaragua presentó su Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) con el cual los donantes del Fondo de Carbono, países que invierten dinero en la captura de carbono en la atmósfera, verificaran el desempeño del país en la retención de CO2 o dióxido de carbono.

Esta organización explicó que la medición de captura de CO2 comenzará en 2020 y de comprobarse que los bosques de Nicaragua, principalmente los de la Costa Caribe, retienen mucho dióxido de carbono, se le puede pagar al Gobierno hasta US$5 por tonelada.

Al menos US$55 millones se le pagaría Nicaragua por este programa, no obstante, la cifra puede variar, en dependencia de los resultados que demuestre el país en la captura de carbono en la atmósfera, explicó el Banco Mundial.

Cuando el dinero llegue se distribuiría a los beneficiarios de acuerdo con un plan que incluye a las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como a los pequeños y medianos propietarios”, indicó el Banco Mundial.

La comunidad Mayangna Sauni As fue invadida hace semanas por cientos de colonos. Imagen Referencial. Archivo/END

De acuerdo con el documento oficial presentado al Banco Mundial, los pagos netos se compartirán entre los beneficiarios: 5% se distribuirá a Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte (Graccn), 3% al Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur (Graccs), el 1% a la zona especial de Alto Wanki Bocay, que abarca los territorios Mayangna Sauni Bu, Miskitu Indian Tasbaika Kum y Kipla Sait Tasbaika; 2% al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinap), el 79% se distribuirán a los 23 territorios y comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes y 20% a los pequeños y medianos productores en las áreas prioritarias.

Preocupación

Ignacio Celso, síndico de la comunidad Mayangna Sauni As, situada dentro de la Reserva de Biósfera de Bosawas, una de las áreas boscosa que contempla dicho plan, afirmó que no están claros sobre el proyecto de Nicaragua y el Banco Mundial.

Considera que como hay lucro, el Gobierno toma la decisión de forma unilateral. “Si hay financiamiento fuera de Nicaragua, el Gobierno capta a nombre de la reserva, pero no hay destino para la gente que está luchando para salvaguardar y eso es una inconveniencia para el pueblo”.

Celso sostuvo que los pueblos indígenas deben tener conocimiento si hay financiamiento por la protección de los bosques.

“En ningún momento se han reunido con nosotros para explicarnos en qué consiste este proyecto. No se ha hecho esa consulta”, aseguró.

El Banco Mundial indicó que el Gobierno de Nicaragua presentó su Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. Archivo/END

Afirmó que fue una sorpresa cuando vieron en la televisión, la información sobre este proyecto. “El Gobierno solo se reúne con instancias como el Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales), Inafor (Instituto Nacional Forestal), Gobiernos Regionales, pero ¿dónde están los gobierno territoriales? Somos los protagonistas principales que estamos luchando para la protección del medioambiente”.

Bosques colonizados

La comunidad Mayangna Sauni As fue invadida hace semanas por cientos de colonos. Celso indicó que ayer los comunitarios se reunieron con la Policía, el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, el Marena e Inafor, y les prometieron que van a sacar a los tomatierras de las áreas de cultivo que ocuparon.

“Se van a reunir, pero todavía no está definitivo, están planeando las fechas para hacer las acciones y nos van a avisar cuando van a resolver esto”, indicó.

Princess Barberena es dirigente del gobierno comunal kriol de Graytown, una de las etnias propietarias de Indio-Maíz, otra reserva contemplada en los planes del Gobierno para obtener recursos del Fondo de Carbono.

Barberena aseguró que el Gobierno hizo preconsultas en su territorio. “En el acta manifestamos que estábamos de acuerdo que se hicieran todas las consultas necesarias, de lo contrario no aceptábamos el proyecto”.

No obstante, cuando preguntaron al Gobierno sobre desembolsos de dinero, estos dijeron que no sabían de algún desembolso.

Ignacio Celso, síndico de la comunidad Mayangna Sauni As, situada dentro de la Reserva de Biósfera de Bosawas, una de las áreas boscosa que contempla dicho plan, afirmó que no están claros sobre el proyecto de Nicaragua y el Banco Mundial. Archivo/END

En tanto, el experto en políticas ambientales del Centro Humboldt, Alejandro Alemán, explicó que los compromisos que debe cumplir el Gobierno en materia social y ambiental para acceder al dinero del Fondo de Carbono, chocan con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evidencian que el país no está en condiciones de cumplir estos estándares que el mismo Banco Mundial exige.

Dichos paramentos son el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el respeto de los derechos humanos, destacó Alemán.

“No solo es la reducción de emisiones de carbono evitando la deforestación, debe haber condiciones de gobernanza y respeto a los derechos humanos mínima”.

Alemán mencionó que la pregunta clave para el Banco Mundial sería si considera que el Gobierno de Nicaragua está en las condiciones de cumplir los estándares ambientales y sociales, para acceder a los fondos.

El Banco Mundial establece que el Gobierno debe aclarar dudas en relación al mecanismo de distribución de beneficios, afirmó Alemán.