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Organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos rechazaron la decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) de excarcelar a Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien hace un año mató a la estudiante de Medicina, Raynéia Gabrielle Lima, de origen brasileño, por considerar que la legislación en la que se basaron para liberarlo, no aplica en este caso.

Gutiérrez Solís fue condenado por homicidio y portación ilegal de armas, pero Apelaciones notificó este martes su libertad bajo la Ley de Amnistía aprobada a principios de junio pasado.

Organismos como Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran que el delito, tal como lo tipificó la justicia nicaragüense, no estaba relacionado con las protestas y, por tanto, no podía utilizarse la amnistía.

“Las violaciones graves de derechos humanos no pueden ser sometidas a un procedimiento de amnistía. Este es un estándar legal interamericano consolidado en diferentes decisiones de la Corte”, manifestó Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, al diario brasileño Folha de São Paulo.

Abrão dijo a ‘Folha’ que la noticia de la liberación del asesino de la brasileña, hace explícita “la contradicción del Gobierno, que siempre ha argumentado que el asesinato no estaba vinculado a las protestas (objeto de la Ley de Amnistía)”.

Pierson Gutiérrez Solís mató a la joven estudiante de Medicina la noche del 23 de julio del 2018 cerca de la rotonda Universitaria al dispararle a su vehículo con una carabina M-4, cuando ella regresaba de su turno en el Hospital Carlos Roberto Huembes.

Raynéia Gabrielle Lima, de origen brasileño. Archivo/END

Según las declaraciones de Abrão, publicadas este miércoles por el diario brasileño, aunque el Gobierno nicaragüense intentó desvincular la muerte de Raynéia del contexto de las manifestaciones ciudadanas para “preservar las relaciones con Brasil”, no hay duda de que los episodios están interconectados.

“Fue un momento en que las fuerzas policiales y los paramilitares respaldados por el Gobierno fueron autorizados para actuar de manera desproporcionada”, aseveró el secretario ejecutivo de la CIDH.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas del organismo defensor de derechos humanos, Human Rights Watch, se mostró en contra de la excarcelación de Gutiérrez Solís, el único civil armado (parapolicía) que había sido procesado.

“Un tribunal de Nicaragua aplica la Ley de Amnistía de (Daniel) Ortega para liberar al que posiblemente sea el único ‘parapolicial’ condenado por la brutal represión en el país. Impunidad total”, declaró Vivanco.

Incidente de nulidad

Abogados de la organización Acción Penal, que llevarán la representación de la madre de la estudiante brasileña, consideran introducir un incidente de nulidad para este caso, argumentando que la Ley de Amnistía no debió ni debe aplicarse en un crimen que el Ministerio Público consideró aislado de las protestas.

Abrão dijo a ‘Folha’ que la noticia de la liberación del asesino de la brasileña, hace explícita “la contradicción del Gobierno. Archivo/END

“Debieron dar cinco días para que el Ministerio Público presentara pruebas que argumentaran su solicitud y que el delito que se cometió era parte de la crisis”, dijo el abogado Roberto Fúnez, de Acción Penal.

Agregó que no comprende cómo es que primero el defensor y la parte acusadora lo desvincularon de la crisis sociopolítica del año pasado y ahora ocurre lo contrario para dar la libertad a Gutiérrez.

Sobre la decisión del Tribunal de ordenar el archivo “definitivo” de la causa penal, la abogada Eylin Cruz Rojas señaló que cuando se ha notificado a los manifestantes excarcelados, solo se especifica; archívese, pero en el caso de Gutiérrez, se habla de archivo definitivo.

“Técnicamente la palabra archivo ni archivo definitivo opera entre los procedimientos penales”, explicó Cruz, considerando que así como en las leyes nicaragüenses se crean términos fuera de lo legal, los magistrados y jueces pueden interpretarlos según lo deseen.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que la liberación de Gutiérrez “viola el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de la represión y violaciones de derechos humanos”, cometidas por el Gobierno.

“Ha empezado a funcionar la autoamnistía para favorecer a culpables de los crímenes más atroces y perpetuar la impunidad en Nicaragua”, agregó.

La decisión del Poder Judicial, “bajo control del gobierno”, sienta un grave precedente jurídico, declaró el Cenidh.

Añadió que

Madre lamenta

En declaraciones al diario Folha de Sao Paulo, la madre de Reynéia, María José Da Costa, afirmó que ya tenía conocimiento de que habían utilizado la Ley de Amnistía para pedir que se terminara el proceso, “pero esto va completamente en contra del espíritu de la ley, que se supone está dirigido a los manifestantes que actuaron en contra del gobierno; en este caso particular, no es aplicable”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que la liberación de Gutiérrez “viola el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de la represión y violaciones de derechos humanos. Cortesía/END

Da Costa criticó que el juicio se haya llevado a puerta cerrada, que durara solo 35 minutos, que no asistiera ningún representante de la familia de la víctima y la desaparición de las evidencias, como las imágenes de las cámaras de seguridad y el auto de la estudiante.