Rafael Lara
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Hasta el momento se contabilizan al menos unos 10 mil despedidos en las instituciones Estatales desde que asumió el actual gobierno, la mayoría sin el pago de sus liquidaciones y discriminados por situaciones políticas o por no afiliarse al partido de gobierno. En esa situación se encuentran trabajadores de la Dirección General de Ingresos, DGI, y de la misma Procuraduría de Derechos Humanos, PDDH, entre otras instituciones.

En conferencia de prensa Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, junto a ex trabajadores de la DGI, brindo la información anterior y mencionó que se está haciendo recurrente dar acompañamiento a personal despedido por el Estado, ya que las instituciones están lanzando a la calle sin su indemnización laboral a los trabajadores que no simpatizan con el partido de turno, lo que violenta tanto las leyes laborales como el fuero sindical. Algunos de estos trabajadores tienen más de 6 meses de despedidos sin recibir su liquidación aunque la ley dicta un plazo de 10 días para su pago.

William Somarriba Soza, ex trabajador de la DGI, comentó que su antigua institución en este tiempo ha despedido a  por lo menos 400 trabajadores adjudicando la acción como una medida de ahorro y reestructuración, sin embargo no fue más que una sustitución por gente leal al partido sandinista.

Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos laborales de la Federación Democrática de los Trabajadores del Servicio Público, expresó que la comisión de los profesionales de Servicio Civil y Carrera Administrativa emitió una resolución a su favor, sin embargo esta no se acató. Por esto visitaron la Comisión de la Asamblea Nacional sobre asuntos laborales sin tener respuesta. Mencionó que si sus reclamos no encuentran eco en las autoridades nacionales, entonces expondrán la situación a la Organización Internacional del Trabajo, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.