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Con la acusación presentada este domingo contra Jaime Navarrete Blandón por dos nuevos delitos, ya suman cuatro los excarcelados bajo la Ley de Amnistía que están siendo procesados por delitos comunes.

Navarrete Blandón ahora está siendo acusado por posesión de estupefacientes y portación ilegal de armas de fuego, cargos que fueron negados por el procesado.

"Mi lucha sigue", expresó Jaime Navarrete a un familiar, después de concluir este domingo la audiencia preliminar en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua.

En la acusación presentada por la Fiscalía, se asegura que la noche del pasado miércoles, agentes antinarcóticos requisaron a Jaime Navarrete en los alrededores de la rotonda de Bello Horizonte, encontrándole dos bolsas que contenían un polvo blanco, que según la Fiscalía resultó ser cocaína y que pesaron 12.8 y 13.7 gramos, respectivamente.

Navarrete aseguró a su pariente que es falso que la Policía Nacional le haya encontrado dos bolsas plásticas con cocaína en su pantalón, como dice la acusación en su contra.

"No es cierto eso de la droga, no hay droga ", manifestó Navarrete.

En la extensa acusación, la Fiscalía indica que el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, ordenó el allanamiento a la casa de Jaime Navarrete cuando él ya estaba preso.

Como al momento del allanamiento en la vivienda del manifestante no se encontraba nadie, para legitimarlo, la Fiscalía está proponiendo como testigo a William Padilla Ortiz, de 54 años, vecino del acusado.

El hombre, de oficio zapatero, quien está siendo ofrecido como testigo de la Fiscalía, llegará a decir al juicio que en la esquina de un mueble de madera en la casa de Navarrete, la Policía encontró una pistola.

La pistola que presuntamente fue encontrada por la Policía en la casa del reo no tiene número de serie y en la acusación tampoco se establece el calibre.

En la audiencia preliminar, la abogada Yonarqui Martínez, defensora del manifestante, presentó de manera infructuosa un incidente de nulidad por detención ilegal.

En el incidente de nulidad, la abogada reclamó que su representado no fue presentado con el plazo constitucional de 48 horas.

El referido plazo es el máximo que establece la Constitución, para que una persona después de arrestada, sea presentada ante la autoridad judicial o puesta en libertad.

Jaime Navarrete fue recapturado el pasado miércoles 24 de junio y acusado hasta este sábado.

El juez Celso Urbina, al rechazar el incidente de nulidad por vencimiento del término de ley, señaló que la abogada Yonarqui Martínez debió haber presentado un recurso de exhibición personal por detención ilegal.

Al final de la audiencia, el titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, le dictó la prisión preventiva a Navarrete y le programó audiencia inicial para el próximo 9 de agosto.

Navarrete fue excarcelado el 11 de junio, después de haber cumplido en prisión uno de los 25 años a los que fue condenado por presuntamente haber ultimado de un balazo a Ariel Ignacio Vivas, empleado de la Alcaldía de Managua, el 12 de junio de 2018, durante la operación limpieza.

Tres excarcelados más

Además de Navarrete, otros tres excarcelados están siendo procesados nuevamente, esta vez por delitos comunes.

A Kevin Potosme y Bryan Silva les imputan los delitos de tentativa de homicidio y posesión de estupefacientes, según la abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

El abogado Maynor Curtis aseguró que él está defendiendo a un excarcelado de Masaya, que ahora enfrenta cargos por robo agravado, pero no precisó el nombre.

El Gobierno excarceló a 456 manifestantes por acuerdos en el diálogo con la Alianza Cívica, pero al menos 28 de ellos han sido recapturados, aunque puestos en libertad posteriormente, según los abogados defensores.

Uno de los primeros 28 manifestantes en ser recapturados fue Fredrych Castillo Huete, sobreviviente del ataque a la parroquia Divina Misericordia en Managua la noche del 13 y la madrugada del 14 de julio de 2018, donde dos jóvenes murieron bajo el fuego de bala disparadas por parapolicías