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Aunque el Gobierno de Nicaragua haya escrito al Vaticano su decisión de cancelar el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la última palabra sobre este tema todavía no se ha dicho, porque falta ver la posición que tomará al respecto la Organización de Estados Americanos (OEA), valoró Mario Arana, representante en las negociaciones y presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).

“No creo que esté dicha la última palabra”, dijo Arana al referirse a la decisión del Gobierno de cancelar el diálogo con la ACJD

Precisamente, el jueves por la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA lamentó la decisión gubernamental de no continuar siendo parte de la mesa de negociación mientras continúan las violaciones a los derechos humanos y ante la necesidad de reformas que garanticen la no repetición.

La CIDH recordó que “el diálogo democrático es un elemento indispensable en las reformas institucionales que requiere Nicaragua para superar la crisis, conforme a los estándares de no repetición que obliga al Estado frente al derecho internacional”.

Mediante una serie de mensajes en Twitter, el organismo dio a conocer que “identifica que el deterioro estructural de la democracia en Nicaragua, en particular la falta de independencia de poderes públicos, ha sido un factor fundamental para mantener la represión sobre manifestantes opositores, defensores y defensoras de derechos humanos”.

El miércoles trascendió que el Gobierno había hecho llegar al secretario general de la OEA, una carta informándole que el proceso de diálogo, iniciado el 27 de febrero de este año, había concluido, posteriormente el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag uno de los testigos y acompañantes de la negociación, confirmó la existencia de una misiva oficial, de la cual se habría recibido una copia en el Vaticano.

“Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) observa que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa: hay persecución a opositores por medio de detenciones, amenazas y asedio; falta investigaciones imparciales en los asesinatos que siguen ocurriendo; las libertades públicas permanecen suspendidas”, agrega un segundo tuit de la CIDH.

Papel de la OEA

Aún falta esperar, dijo Arana, que la OEA “sepa jugar su carta y no prestarse a juegos sucios como los pudiera pretender Ortega”.

La carta enviada al Vaticano, supone que “Ortega mata el diálogo y es un acto irresponsable de su parte”, pero ahora se espera que “la comunidad internacional se active para incidir en que se siga buscando unas salida dialogada y pacífica de la crisis”, agregó.

“En realidad, el juego de (Daniel) Ortega es pretender continuar alargando el tiempo para mantenerse en el poder, era ver cómo hacía una reforma electoral con partidos políticos y con la OEA, buscando cómo sacar un acuerdo que le sirviera a su medida”, añadió Arana.

El jurista José Pallais, del equipo negociador de la Alianza, comentó que “la OEA se reunirá la próxima semana y tendrá que ver cómo reacciona, porque esta decisión de Ortega es un reto a la OEA, significa entrar en una confrontación con la comunidad internacional, es un choque con la organización que ha señalado que la mejor vía es la negociación y Ortega se niega”.

Pallais recalcó que tanto la OEA como la Unión Europea y en las propias Naciones Unidas (ONU) se ha reconocido a la Alianza Cívica como la interlocutora fiable para seguir en la mesa de negociación con el Gobierno.

Daniel Ortega y Rosario Murillo. Archivo/END

“La confianza solo puede lograrse si las reformas institucionales y las reformas electoral se aprueban en el marco de la mesa de negociación con la Alianza Cívica”, recalcó.

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución el 28 de junio en la que orienta dialogar al Gobierno con la Alianza Cívica y ordena la creación de una comisión de alto nivel de la OEA para hacer gestiones en pro de contribuir a una solución para crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril del 2018.

La última reunión entre la delegación gubernamental y la Alianza Cívica ocurrió el 16 de mayo pasado y a partir del día 20 de ese mes las negociaciones quedaron suspendidas, porque la coalición opositora decidió esperar a que las autoridades cumplieran con la liberación de todos los presos políticos, cuya fecha tope acordada era el 18 de junio.

Y aunque hubo liberación de los líderes de las protestas antigubernamentales, todavía permanecen en las cárceles cerca de un centenar de personas a quienes la oposición califica de presos políticos.