Luis Galeano
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, anunció “una visita amistosa” al Congreso de Estados Unidos para poner al tanto a ese foro de la actitud de su embajador en Managua, Robert Callahan, de violentar lo establecido en la Ley 527, que establece el waiver (dispensa) para los países que cumplan aquellos reclamos hechos por ciudadanos estadounidenses en materia de propiedades.

Estrada informó a EL NUEVO DIARIO que Callahan le envió una carta que recibió el pasado martes, en la cual le hace sabe que el waiver “se encuentra permanentemente bajo revisión”, lo que el abogado del Estado considera como algo “extraño” que espera no se convierta en un problema para alcanzar la dispensa, pues afirma han sobrecumplido con las metas trazadas.

“Quiero entender que el waiver está permanentemente bajo revisión, pero a la baja, no a la sumatoria, porque él mismo reconoce en su carta que no se han presentado nuevos casos desde el año 2005”, dijo Estrada.

“Preciso indicar que si bien desde el 3 de julio de 2005, ningún nuevo reclamo ha sido adicionado a la lista waiver, la misma se encuentra permanentemente bajo revisión. Ello obedece a que a lo largo de 13 años desde que se otorgó la primera dispensa, muchos reclamos fueron resueltos parcialmente por anteriores administraciones del gobierno de Nicaragua y algunos reclamantes continúan demandando la satisfacción plena de su derecho a ser compensados”, señala parte de la carta enviada por Callahan a Estrada.

Estrada dijo que los casos resueltos “parcialmente” son aquellos en los que, por ejemplo, de 600 cabezas de ganado quedaron pendientes o no se reconocieron 10. Además, resaltó que los casos resueltos para ellos son los que salen a favor o en contra de los reclamantes, “porque no puede ser que se consideren como superados sólo los que se decide indemnizar”.

52 que nunca volvieron

El Procurador dijo que existen 52 ciudadanos estadounidenses que se matricularon como reclamantes, y que no acudieron más a presentar títulos o documentos que hicieran valer como poseedor de algún bien.

“Espero que no se esté incluyendo estos casos, porque 15 años después, dichas personas ni siquiera se han presentado con la documentación legal que los acredite como afectados, y nosotros hemos depurado la lista de los afectados”, indicó.

Indicó que en la actualidad hay 279 reclamantes, que constituyen 609 casos de personas que fueron afectadas por los decretos 3 y 38. Del total de reclamantes, explicó Estrada, sólo 18 nacieron en Estados Unidos.

Estrada recordó que el principal componente del remanente lo constituyen ciudadanos ahora estadounidenses; ex miembros de la extinta Guardia Nacional o familiares de la familia Somoza, que ni los gobiernos precedentes encontraron validez para indemnizar.

Callahan violentaría ley de su país

“Si el asunto de revisión permanente es hacia arriba (el embajador) estaría violando la Ley de los Estados Unidos, lo aprobado por el Congreso de Estados Unidos, razón por la cual como gobierno y Estado, tendríamos que hacer las comunicaciones y acciones pertinentes en Washington”, dijo Estrada.

“La idea sería visitar a los congresistas yo mismo para hacerles ver el esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno nicaragüense en un entorno económico mundial gravísimo, y con todo estar pagando y cargando con esta pesada lápida”, añadió el Procurador quien no ha respondido a la carta de Callahan oficialmente.

La certificación permite al gobierno de Estados Unidos continuar desembolsando ayuda financiera para Nicaragua, que en los últimos años fue de unos mil millones de dólares, así como respaldar créditos que otorgan a Nicaragua los organismos financieros internacionales.