•  |
  •  |
  • END

Hasta el momento se contabilizan al menos unos 10 mil despedidos en las instituciones estatales desde que asumió el actual gobierno, la mayoría sin el pago de su liquidación, y discriminados por situaciones políticas o afectados por no afiliarse al partido en el gobierno. En esa situación están los trabajadores de la Dirección General de Ingresos y de la misma Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras instituciones.

En conferencia de prensa, Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, junto a ex trabajadores de la DGI, dio a conocer la información, y mencionó que se está haciendo recurrente dar acompañamiento a personal despedido por el Estado, ya que las instituciones están lanzando a la calle sin su indemnización laboral a los trabajadores que no simpatizan con el partido de gobierno, violentando tanto las leyes laborales como el fuero sindical.

Algunos de estos trabajadores tienen más de seis meses de despedidos sin recibir su liquidación, aunque la ley dicta un plazo de 10 días para su pago. William Somarriba Soza, ex trabajador de la DGI, comentó que en esa institución ha despedido a por lo menos 400 trabajadores, adjudicando la acción como una medida de ahorro y reestructuración, sin embargo, no fue más que una sustitución por gente leal al partido sandinista.

Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de los Trabajadores del Servicio Público, dijo que la comisión de los profesionales de Servicio Civil y Carrera Administrativa sacó una resolución a su favor, sin embargo, ésta no se acató. Por esto visitaron la Comisión de la Asamblea Nacional sobre Asuntos Laborales, sin tener respuesta. Mencionó que si sus reclamos no encuentran eco en las autoridades nacionales, entonces expondrán la situación a la Organización Internacional del Trabajo, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En casa de herrero cuchillo de palo

De manera independiente a los denunciantes de la DGI, otros afectados por los despidos que están luchando por sus indemnizaciones, son 16 ex trabajadores de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, quienes han exigido infructuosamente al procurador Omar Cabezas el pago de sus liquidaciones.

“Según él” --Cabezas-- “su institución gestionó el cheque de sus liquidaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que éste es el responsable del pago, sin embargo, los afectados investigaron en Hacienda, y les aclararon que no hay ninguna gestión de cheque para liquidaciones, y que es la PDDH la que a través de su presupuesto debe hacer las cancelaciones laborales correspondientes”, aseguró Jorge Mendoza, antiguo Director Nacional de Defensa y Promoción de la PDDH.

Mencionó que a estas alturas la PDDH no sólo está violando los derechos laborales de sus despedidos, sino que violó el fuero sindical al despedir a la Junta Directiva del sindicato de la institución, además, según sus cálculos, suma una deuda de alrededor de 3 millones de córdobas en pago por indemnizaciones por despidos.

Intentamos obtener declaraciones del procurador Cabezas, pero sólo nos dijeron que no estaba en la institución y que en todo el día no regresaría.