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Después de 19 días de un allanamiento de la Policía Nacional que ocasionó la muerte de un joven opositor, peritos de la Dirección de Auxilio Judicial se presentaron este lunes a realizar la inspección ocular, acción que fue calificada por un exfiscal como de poca utilidad.

El operativo policial ocurrió el 17 de julio pasado en una casa del barrio Guadalupe, de la ciudad de León, donde murió Bryan Murillo López, por impactos de bala, y resultaron heridos su hermano Kenner y su pariente Javier Cortez, esposo de una prima suya.

Durante la inspección de este lunes los familiares de Murillo entregaron a los peritos 11 residuos de plomo, casquillos y proyectiles no utilizados. Los peritos constataron los impactos de balas en la pared, en un sofá, en el refrigerador, en una vitrina de vidrio, en una puerta de madera y restos de sangre en el piso y la pared.

La inspección policial duró más de dos horas, con la presencia de familiares de las víctimas y el abogado Frank Flores, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Si se hubiese hecho de inmediato (la inspección ocular), se hubiera podido ubicar el lugar donde cayeron los casquillos para determinar el ángulo de tiro, la distancia de quien dispara y la víctima, la forma en que quedó el cuerpo (boca arriba, boca abajo, etc.), lo que ayudaría a esclarecer la verdad”, expresó el exfiscal Arnulfo López.

López, quien fue fiscal durante 15 años, dijo a El Nuevo Diario que lo único que aportará esta inspección para un eventual expediente judicial es ubicar el lugar donde sucedieron los hechos.

Explicó que una inspección realizada de forma inmediata hubiera determinado la claridad ambiental en el lugar, es decir, el nivel de visibilidad que había al momento del incidente. Por tanto, advirtió, el resultado de la inspección de este lunes “no va a tener mucha relevancia para un proceso judicial”.

El abogado Flores informó que la inspección la realizaron unos nueve oficiales del Instituto de Criminalística y Ciencia Forense, de las especialidades de trazología, balística, inspección ocular, entre otros, que acudieron en base a la petición realizada por la familia de las víctimas el pasado 23 de julio en el Ministerio Público.

El abogado Flores informó que la inspección la realizaron unos nueve oficiales del Instituto de Criminalística y Ciencia Forense, de las especialidades de trazología, balística, inspección ocular. Oscar Sánchez/END

“Cuando existe la muerte de una persona y la autoridad policial tiene conocimiento, el levantamiento de toda la evidencia de la investigación es inmediata. Eso significa que el procedimiento no se realizó en el debido momento y se vulneró ese procedimiento”, explicó Flores.

La inspección de este lunes inició a las 9:20 a.m. “Esperamos que se haga un estudio, un análisis científico riguroso, profesional por parte de la Policía, para que se emita un dictamen pericial apegado estrictamente a los protocolos y a la evidencia que se encontró en el lugar de los hechos, para que se establezca quién y cómo fue que se cometieron”, dijo el abogado.

Flores considera que en este allanamiento del pasado 17 de julio hay elementos que no se pueden ocultar, entre ellos que la policía ingresó a la casa sin autorización judicial alguna, en horas no hábiles (a las 4:30 a.m.) y que hay un fallecido y dos heridos de bala, uno de ellos aún grave en el hospital.

Karen López, hermana de los hermanos Murillo López, explicó que también presentaron un recurso de exhibición personal por amenazas de detención a favor de Javier Cortez y Kenner Murillo.Oscar Sánchez/END

Afirmó que es evidente que hubo un uso desproporcionado de la fuerza letal en contra de las víctimas y no existe ninguna evidencia de que las víctimas hayan utilizado algún medio, arma u objeto, para agredir a los policías.

Pide los nombres

Este lunes, Marina López Carrión, madre de Bryan Murillo, acudió al Ministerio Publico para solicitar que la Policía emita un informe de las personas que estuvieron a cargo del operativo que se realizó el 17 de julio, y que se especifique el tipo de arma que tienen asignadas, que las mismas sean ocupadas y que se contraste la evidencia de balística, trazología y las demás evidencias que se encontraron en la vivienda, para corroborar quiénes fueron las personas que realizaron los disparos.

En la denuncia interpuesta el 23 de julio, López Carrión denunció a 10 oficiales que participaron en el operativo, por los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad, asesinato agravado y asesinato agravado en grado de frustración.

Karen López, hermana de los hermanos Murillo López, explicó que también presentaron un recurso de exhibición personal por amenazas de detención a favor de Javier Cortez y Kenner Murillo. El primero fue dado de alta, pero se encuentra resguardado en casa de familiares por temor a ser encarcelado y procesado; y el segundo está grave en un hospital.

Desde el primer momento, los familiares de las víctimas han afirmado que todo lo ocurrido ese día fue motivado por razones políticas.

Sin embargo, la Policía Nacional señaló como delincuentes a las tres víctimas del operativo, lo que ha sido desmentido por la familia al mostrar que ninguno posee antecedentes policiales de acuerdo con certificados de conducta emitidos por la misma Policía el 18 de julio, un día después de los hechos.