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La Procuraduría General de Nicaragua denunció hoy supuestas presiones de la embajada de Estados Unidos por el tema de los reclamos de estadounidenses que sufrieron confiscaciones de propiedades bajo el gobierno revolucionario sandinista en los años 80. El procurador Hernán Estrada afirmó que el embajador estadounidense Robert Callahan le envió el martes una carta en la que con lenguaje "agresivo" le comunicó que el tema "se encuentra permanentemente bajo revisión".

La ley estadounidense prohíbe al gobierno de Washington entregar ayuda bilateral así como dar su aval para préstamos de organismos financieros internacionales a países que no han resuelto los reclamos de propiedad de ciudadanos norteamericanos. Según Estrada, Callahan mencionó que la revisión del tema se debe a que en 13 años muchos reclamos fueron resueltos parcialmente por gobiernos anteriores y algunos ciudadanos estadounidenses continúan demandando la "satisfacción plena de su derecho a ser compensados".

El embajador se declaró "sorprendido" por las declaraciones de Estrada y expresó en una rueda de prensa que "pensábamos que estábamos haciendo progresos en la resolución de los casos (...) que es un proceso bastante complejo. No hemos aumentado ningún nombre a la lista" de reclamos desde 2005, precisó. Nicaragua ha pagado desde 1990 indemnizaciones por 1.228 millones de dólares estadounidenses, incluidos a nicaragüenses nacionalizados, cuyos bienes fueron confiscados en la década de 1980 por el gobierno revolucionario sandinista, según cifras ofrecidas hoy por Estrada en un comunicado.

Los casos de 279 ciudadanos estadounidenses -la mayoría nicaragüenses nacionalizados- siguen pendientes, según Estrada. El procurador anunció que visitará Estados Unidos para informar a legisladores del esfuerzo que hace Nicaragua al "cargar con esta pesada lápida" de pagar indemnizaciones a los confiscados.