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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes, a través de un comunicado, que el número de víctimas mortales de la crisis sociopolítica de Nicaragua aumentó a 328.

El reporte que mantenía la CIDH a 12 meses de esta crisis, que inició el 18 de abril del 2018, era de 325 víctimas mortales.

Los tres casos que agregó el organismo internacional son los fallecimientos de Eddy Montes Praslin, Bismark Martínez y Bryan Murillo López.

Murillo López, oriundo de León, murió en la madrugada del pasado 17 de julio durante un operativo policial en su casa de habitación.

El fallecimiento de Eddy Montes Praslin, oriundo de Matagalpa y con ciudadanía estadounidense, ocurrió el 16 de mayo pasado al recibir un impacto de bala que le propinó un custodio en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como cárcel La Modelo.

Hija del fallecido Eddy Montes Praslin. Archivo/END

El deceso de Bismark Martínez, un militante sandinista, se conoció el 28 de junio pasado cuando las autoridades gubernamentales informaron que se encontró su osamenta y ropa. Martínez había desaparecido durante las protestas sociales el 29 de junio del 2018.

Lamenta cese del diálogo

La CIDH también lamentó el cierre del diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se suspendió el 16 de mayo y fue cancelado por las autoridades el pasado 19 de julio.

“La CIDH lamenta el cierre del diálogo y en particular la falta de restablecimiento de derechos y garantías fundamentales. Ante el cierre del proceso de negociación, la CIDH urge al Estado a cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, así como a cesar la represión”, demandó el organismo.

Algunas situaciones señaladas por la CIDH en el comunicado, como violatorias de los derechos humanos de los nicaragüenses, son la “persistencia de los patrones de la represión estatal, como mecanismos de censura indirecta en contra de medios de comunicación independientes, la persistencia de detenciones ilegales, la ocupación desproporcionada del espacio público y la prohibición de las protestas sociales”.

“La CIDH lamenta el cierre del diálogo y en particular la falta de restablecimiento de derechos y garantías fundamentales. Archivo/END

El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH, denunció que ha recibido información de actos de “hostigamiento policial contra quienes realizaron eventos en memoria de personas asesinadas durante la operación limpieza, la negativa policial para autorizar la marcha en conmemoración del día del estudiante y la represión contra quienes intentaron manifestarse el día 25 de julio”.

La CIDH también señaló que en Nicaragua se ha dado la intensificación de la vigilancia, seguimiento policial y hostigamiento de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

El Meseni indicó en el comunicado que documentó el 20 de julio pasado la detención de la defensora Yonarqui Martínez y, el 26 de julio, la criminalización de la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo.

Asimismo, registró la detención del adolescente Bryan José Putoy, de 15 años, en Masaya, desde el pasado 2 de agosto.

Yonarqui Martínez. Archivo/END

Por lo anterior, la CIDH expresó su preocupación y recordó al Estado de Nicaragua que “la privación de la libertad de personas menores de 18 años debe tener un carácter excepcional, siempre como medida de último ratio y por el menor tiempo posible”.

La presidenta de la Comisión Interamericana, Esmeralda Arosemena, llamó al Gobierno de Nicaragua a “cesar los actos violatorios a los derechos humanos que se siguen dando en el país”.

Además, instó a las autoridades nicaragüenses a generar, a la brevedad posible, “un auténtico diálogo democrático que permita abordar las causas estructurales que facilitan dichas violaciones”.

Arosemena llamó a la comunidad internacional a “tener presente” que en este país hay una “persistencia de la represión estatal y el cierre de los espacios democráticos, en Nicaragua siguen existiendo víctimas fatales, así como personas detenidas y perseguidas por manifestar sus opiniones e intentar protestar”.