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Una delegación del gobierno nicaragüense está en Irán, tratando de alcanzar acuerdos económicos y comerciales, apenas horas después de que se conociera un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala a cuatro funcionarios y al Bancorp de cometer violaciones a los derechos humanos.

La Presidencia de Nicaragua informó este sábado que la visita a Irán tiene el objetivo de “fortalecer las relaciones bilaterales en materia económica y comercial”.

Según el comunicado, la delegación está compuesta por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta; el asesor presidencial, Francisco López; y el también asesor de la Presidencia para las Inversiones, Laureano Ortega, acompañados por el embajador de Nicaragua en Irán, Mario Barquero.

Hace semanas, medios oficialistas también informaron que una delegación de Nicaragua, encabezada por la exministra de Salud, Sonia Castro, y el embajador ante el Reino de Arabia Saudita, Mohamed Lashtar, visitaron Arabia Saudita en busca de cooperación con Nicaragua.

La delegación se reunió con el ministro de Salud de Arabia Saudita, Tawfig F. Alrabiah y con el Ingeniero Yousef I. Al-Bassam, miembro del Fondo de Inversiones Saudí, con quienes abordaron temas de cooperación en el campo de la salud.

La visita a Irán inició este 10 de agosto, con una reunión con el canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, según el comunicado del Gobierno.

El canciller iraní, Mohammad Yavad Zarif, visitó Nicaragua en julio pasado para supuestamente promover “relaciones de amistad, de cooperación, de intercambio y de interés mutuo” y poco después el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó, en un momento de agudización de las tensiones entre ambos países.

Una alerta

El informe del Departamento de Estado, conocido la noche de este viernes, debería ser considerado por el Gobierno de Nicaragua como “una alerta, porque puede ser el preludio de sanciones mayores”, advirtió el jurista Carlos Tünnermann, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El reporte de Estados Unidos fue entregado al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en cumplimiento a la sección 7 del Acta de Anticorrupción de Derechos Humanos en Nicaragua, aprobada en diciembre del año pasado, que otorgaba 180 días al Departamento de Estados para rendir el informe.

El informe ratifica las sanciones aplicadas a altos funcionarios públicos y aún banco privado que después de ser sancionado entró en un proceso de liquidación voluntaria.

“Nosotros consideramos que las sanciones que se imponen a individuos que aparecen en esa lista, simplemente se debe a que estos organismos de los Estados Unidos han investigado, es un previo análisis, de manera que estas listas son preparadas de conformidad con estudios”, dijo Tünnermann.

Expresó que como Alianza Cívica no han hecho gestiones para sanciones, sino para que se reanude la mesa de negociación y que se resuelva la crisis en que se encuentra el país.

“Si el Gobierno de Nicaragua quisiera que no se dieran más sanciones individuales y mucho menos colectivas, porque las colectivas afectarían a toda la población, lo que debe hacer el Gobierno es cambiar de actitud”, propusó Tünnermann.

Mario Arana, también miembro de la Alianza Cívica, comentó que ante la ruptura del diálogo nacional por decisión del gobierno nicaragüense, el informe de EEUU reafirma las medidas que ya tenía establecidas la administración de Donald Trump y que siguen vigentes.

“El informe tenía que reportar básicamente cuál era la postura del Departamento de Estado con respecto al caso de Nicaragua, lo que hace confirmar la política, de manera que no hay ningún cambio. Reafirma las medidas que ya habían tomado antes con base en la orden ejecutiva y se cumple con rendir el informe tal y como lo solicitaba el Congreso”, explicó Arana.

Agregó que Estados Unidos sigue evaluando el caso de Nicaragua, y de no haber avances, habrían más sanciones que se desprenderían de esa ley.

“Nicaragua se ve como una amenaza de seguridad nacional de los Estados Unidos y lo que se quiere es una democratización del país, y si eso no va encaminado en esa dirección, claramente están sujetos a ampliar las sanciones, que pueden ir desde sanciones individuales hasta sanciones más generales”, indicó Arana.

Esta semana, en una entrevista exclusiva con El Nuevo Diario, el director de programas de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, dijo que el gobierno de Nicaragua todavía tiene oportunidad de negociar con Estados Unidos.

“La diferencia entre Venezuela y Nicaragua es que Estados Unidos está aún ofreciendo una oportunidad a (Daniel) Ortega para negociar al menos cuotas mínimas de concesión del poder político, específicamente reformas electorales consensuadas con la oposición”, declaró Orozco.