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El Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador (CEJ) declaró que el Gobierno nicaragüense debería aceptar la extradición del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, según la jurisprudencia internacional en casos similares, porque de lo contrario, Nicaragua se convertiría en un santuario de la impunidad y le caería responsabilidad internacional.

Funes, a quien el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense hace semanas, fue condenado por enriquecimiento ilícito en El Salvador y tiene otras cinco causas abiertas por peculado, evasión de impuestos y el desvío de al menos US$351 millones durante su presidencia.

“La nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado determinado. Una persona puede tener doble o múltiple nacionalidad, lo cual provoca en algunas ocasiones las naturalizaciones fraudulentas cuando la nacionalidad se invoca de mala fe o en abuso del derecho, con el objetivo de eludir una legislación que perjudica y colocarse bajo el imperio de otra que es favorable”, señala la organización de juristas, CEJ.

Agrega que en casos de doble nacionalidad, el Convenio sobre Codificación del Derecho Internacional de La Haya expresa que "ningún Estado puede ejercer su protección diplomática en provecho de alguno de sus nacionales, contra otro Estado de que el sujeto sea también nacional".

Mauricio Funes. Archivo/END

“Extensos antecedentes jurisprudenciales se han referido a los límites del derecho cuando una nacionalidad no es la efectiva, por no ser la que una persona ha mantenido en sus relaciones familiares, sociales o políticas”, añade el centro jurídico salvadoreño.

Un antecedente

El CEJ menciona el "Caso Nottebohm", en el que la Corte Internacional de Justicia determinó que el Principado de Liechtenstein no podía invocar ante Guatemala la nacionalidad adquirida por Fredrich Nottebohm, ya que "la nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene por sustento un hecho social de adherencia, un vínculo genuino de existencia (...), la persona a quien se le otorga (...) está en la práctica ligada más estrechamente con la población del Estado otorgante de la nacionalidad, que con cualquier otro Estado".

Asimismo se refiere al "Caso Cannevaro", en el que un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje estableció que Italia no podía invocar ante Perú la nacionalidad italiana de Rafael Cannevaro, por haber este ejercido su nacionalidad peruana, al presentar su candidatura al Senado del Perú y haberse desempeñado como cónsul general del Perú en los Países Bajos.

El grupo de juristas salvadoreños considera que esas y otras resoluciones pueden aplicarse en el campo de la extradición “y en el caso concreto del expresidente Funes, la salvadoreña es claramente su nacionalidad efectiva y constituye el único vínculo genuino; no puede rechazarse su extradición sobre la base de un fraude a la ley, reconocido así por el Derecho Internacional, el cual ha sido, además, lesivo del interés público nicaragüense”.

No es delito político

Los juristas salvadoreños citan además la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establece expresamente que “la corrupción es un delito sujeto a extradición, no calificable como un delito político, estando obligados los Estados a cooperar entre sí. Dicha Convención y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales El Salvador y Nicaragua forman parte, establecen la obligación del Estado que rechaza la extradición de enjuiciar al presunto delincuente”.

Funes, a quien el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense hace semanas.  Archivo/END

“El Estado salvadoreño está obligado a tomar todas las acciones legales que correspondan para que Nicaragua extradite al expresidente Funes. Además, deberá pedirse la intervención de Interpol, pues ya cambió su condición jurídica de asilado”,afirman.

Requisitos incumplidos

La nacionalización que el Gobierno de Nicaragua otorgó al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su entorno familiar el pasado 30 de julio, se aprobó sin cumplir con todos los requisitos establecidos en las leyes nicaragüenses, han afirmado abogados de este país.

El abogado penalista Elton Ortega aseguró que esa concesión fue hecha de manera anómala, porque no cumple con los requisitos que exige la Ley de Nacionalidad de Nicaragua, por ejemplo, que la persona que va a adquirir la ciudadanía nicaragüense no debe tener antecedentes penales en su país de origen.

Además, indicó, el expresidente salvadoreño y su familia, antes de recibir la nacionalidad, tenían que haber obtenido la residencia, que es un estatus migratorio distinto al asilo político que tenían en Nicaragua.

El abogado Boanerges Fornos explicó que para obtener la nacionalidad nicaragüense La Ley de Migración (Ley 761) y su reglamento establecen que el solicitante presente un certificado de conducta, pero Funes no lo hizo.

La Ley 761 señala que la persona debe presentar el certificado de conducta del distrito de policía del domicilio del solicitante, algo que no cumplió Funes, afirmó Fornos.

La abogada Eilyn Cruz dijo que si Funes y su familia ingresaron a Nicaragua y pidieron asilo político, la Cancillería debió haberles extendido una certificación que les acreditaba como tal y, posteriormente, presentar ese documento ante la Dirección de Migración y Extranjería para obtener una tarjeta de residente. Sin embargo, Funes siempre dijo que era un asilado político, no un residente.