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La abogada defensora de manifestantes antigubernamentales, Yonarqui Martínez, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que el domingo 11 de agosto, un motorizado de identidad desconocida la amenazó con una pistola, mientras se trasladaba en vehículo en la ciudad de Esquipulas, Matagalpa.

La defensora dijo que el motociclista la estuvo observando en un lugar donde ella estaba haciendo unas investigaciones sobre un caso y cuando se subió al vehículo, el sujeto la siguió por un transcurso de unos 600 metros.

“Iba con mi conductor en el municipio de Esquipulas, Matagalpa, cuando hacía gestiones por la defensa del caso de Jorge García Arancibia. Observé que una persona con camiseta azul nos tomaba fotos, y cuando dejamos el lugar comenzó a seguirnos en una moto blanca”, expresó Martínez.

La abogada señaló que inmediatamente llamó por teléfono a unas personas conocidas de la zona para que la esperaran más adelante.

La profesional del derecho además Narró que el hombre de la motocicleta le hacía señas para que se detuvieran, pero su vehículo aceleró con el objetivo de alejarse del desconocido.

Según relata, el motociclista manejaba sin casco, sacó una pistola y se acercó al lado del conductor del carro indicando con la mano que se detuviera.

“Pasamos frente a la delegación policial de Esquipulas y a pesar que nos vieron, no hicieron nada. El tipo no solo iba faltando a la ley de tránsito por ir sin casco, también iba armado”, comentó Martínez

Después de seis cuadras, el auto de la abogada se detuvo en un punto donde la esperaban unos amigos, en ese momento el motociclista dio la vuelta y abandonó la persecución.

Yonarqui Martínez denunció que sufre acoso de desconocidos desde abril del año pasado, cuando comenzó a defender a manifestantes presos.

Yonarqui Martínez denunció que sufre acoso de desconocidos desde abril del año pasado. Foto: Oscar Sánchez/END

La doctora Carla Sequeira, directora del área de asesoría legal de CPDH, dijo que repudian la represión de la cual es víctima Martínez.

“Condenamos este acto represivo, el asedio contra los abogados y las agresiones directas. Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a que respete las medidas cautelares de las que es beneficiaria la doctora Martínez”, expresó Sequeira.

La abogada Nohemí Guerrero, quien pertenece a la organización Unión Nacional de Abogados y Notarios Públicos de Nicaragua (Unanic) acompañó en su denuncia a Martínez.

Carla Sequeira, directora del área de asesoría legal de CPDH. Foto: Rafael Lara/END

Guerrero señaló que en general hay ensañamiento contra los abogados defensores de las personas acusadas por el Gobierno por participar en protestas, a tal punto que 12 colegas fueron judicializados.

“Hemos sido agredidos, amenazados, somos víctimas (de campañas) en las redes sociales, perseguidos y en nuestro trabajo los funcionarios no respetan nuestro trabajo. Esto por hacer valer los derechos humanos”, dijo la abogada Guerrero.

Guerrero comentó que varios abogados incluso abandonaron el país y buscaron refugio porque ya no soportan la persecución.
Maynor Curtis, también miembro de Unanic, dijo que en estos momentos hay una nueva etapa de la represión gubernamental, la cual es la anulación del trabajo de los defensores de derechos humanos.

“Es preocupante que esto se convierta en una práctica frecuente y generalizada. Es necesario que para realizar nuestro trabajo como abogados defensores tengamos las condiciones para poder ejercer nuestra labor, tal como la Constitución lo establece”, dijo Curtis.