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Mientras en Nicaragua un grupo de abogados recurría de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en contra de la nacionalización que el Gobierno nicaragüense otorgó al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su familia, en El Salvador la Fiscalía reveló el dictamen de la acusación por corrupción contra Funes y 31 personas más.

La organización de abogados “Defensores del Pueblo” presentó la mañana del jueves el recurso de amparo en el TAM, alegando que Funes y su familia, considerados prófugos de la justicia en El Salvador, incumplieron un tratado regional en Centroamérica.

Julio Montenegro, director de esa organización de abogados, presentó el recurso de amparo contra la resolución 3179 de la Dirección de Migración y Extranjería, en la cual se otorga la nacionalidad nicaragüense a Funes.

Migración y Extranjería, en las resoluciones 3180, 3181 y 3182, también otorgó la nacionalidad nicaragüense al resto de familiares de Funes: Ada Michelle Guzmán Sigüenza (esposa) y Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas (hijos).

A los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM les corresponderá aceptar o rechazar el recurso de amparo.

En caso que se tramite el recurso, serán los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes resolverán si procede o no el recurso de amparo presentado por los “Defensores del Pueblo”.

En el recurso de amparo de 77 páginas, la parte recurrente cita un tratado suscrito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cual establece que los funcionarios y exfuncionarios que son requeridos por la justicia de sus países por actos de malversación de caudales públicos (dinero del Estado) no pueden ser protegidos con asilos ni con el otorgamiento de nacionalidades de los países suscriptores de este tratado, explicó el abogado Montenegro.

“Mauricio Funes y sus familiares tampoco cumplen con lo establecido en la Ley de Nacionalización de Nicaragua, porque en la misma se establece que antes de recibir la nacionalidad debió haber cumplido un período de 3 años como residente y hasta 4 años después optar a la nacionalidad”, subrayan los abogados en el recurso de amparo.

Requerido en El Salvador

El pasado 4 de abril, el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, ordenó la detención de Funes por el delito de evasión de impuestos, al no declarar ingresos por US$271,857 en 2014, además de evadir impuestos por US$85,157.

Ese era el quinto pedido de arresto en contra de Funes, quien permanece en Nicaragua y es muy activo en su cuenta oficial de Twitter, en la cual siempre niega las acusaciones en su contra.

Las autoridades de El Salvador también piden extraditar a los familiares de Funes.

A inicios de abril, el Gobierno nicaragüense notificó a la Corte salvadoreña que Funes no será extraditado, porque en ese momento gozaba de asilo político.

Dictamen en El Salvador

Entre tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó el dictamen de acusación contra 32 personas, incluyendo el expresidente Mauricio Funes y su exesposa, Vanda Pignato, a quienes el jefe de la Unidad Anticorrupción, German Arriaza, señala de ser parte de una organización criminal que desfalcó más de US$351 millones.

Arriaza explicó a periodistas que el caso cuenta con declaraciones de decenas de testigos, pruebas periciales y documentales que fundamentan la acusación presentada en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

Mauricio Funes. Archivo/END

El funcionario dijo que la realización de la audiencia preliminar dependerá de cuándo sea señalada por el juez y que para entonces, Mauricio Funes deberá presentarse; caso contrario, tendría que ser declarado rebelde.

Los delitos por los que lo acusan en este proceso judicial es lavado de dinero y activos, peculado y casos especiales de lavado de dinero.

“De la partida de gastos reservados, lo ejecutado asciende a más de US$351 millones que se determinará en el proceso cómo se utilizaron por esta empresa criminal”, dijo el fiscal German Arriaza.

Mauricio Funes. Archivo/END

Dos exesposas y una amante

Según la Fiscalía, los miembros de esa organización criminal llevaban una vida ostentosa, cargada de lujos que no correspondían con sus ingresos legales.

Como ejemplo, Arriaza mencionó que Funes gastó US$149,000 de 2009 a 2014 en sus mascotas, pero no para alimentos y medicinas, sino para que los llevaran a paseos para “desestresarlos”.

Entre las 32 personas que están siendo acusadas con Funes, están sus dos exesposas, Vanda Pignato y Regina María Cañas; la examante Elvy Paz Gutiérrez y su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, además de dos de sus hijos, según la información de “El Diario de Hoy”, de El Salvador.