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La Presidencia de la República remitió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF) para incluir a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar las acciones sospechosas de sus clientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La reforma se divulgó este miércoles y es probable que la junta directiva del Poder Legislativo la remita este jueves a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional para un proceso de consulta.

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El documento de la iniciativa explica que recientemente los abogados y notarios públicos fueron incluidos en la Ley Antiterrorismo como sujetos obligados a reportar actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo cual, se hace necesario modificar el marco jurídico de la UAF para que sea congruente con lo establecido en la otra legislación.

La reforma propone modificar el artículo 8 de la Ley de la UAF, la cual ahora establecerá la obligatoriedad de los abogados a reportar “a través del Poder Judicial”, las sospechas que tengan de sus clientes.

Órgano especializado

Se cambia también el artículo 10, en el que ahora se establece que el Poder Judicial y el Colegio de Abogados deben tener en sus estructuras un “órgano especializado que centralice la información sobre las operaciones o situaciones inusuales”.

La Presidencia de la República remitió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF) para incluir a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar las acciones sospechosas de sus clientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Archivo/END

Y además, se agrega un numeral al artículo 8 de la Ley de la UAF en el que se indica que “en el caso de los abogados y notarios públicos, el secreto profesional debe mantenerse sobre la información obtenida al momento de verificar la situación legal de sus clientes o en el desempeño de su tarea de defender o representar a sus clientes en o con respecto a procesos judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación”.Cruz Roja visita a familia de “Loba Feroz”

“Hay contradicción en esa ley. Los abogados no pueden ser policías, eso dejémoselo al ámbito administrativo. Al fedatario lo quieren poner como el sabueso que tiene que andar denunciando lo que llega a sus manos, un hecho que lo pone relevantemente en peligro”, comentó al respecto el jurista Miguel Jiménez, de la organización Unidad de Abogados.

Dijo que será difícil que los abogados cumplan eso, porque pueden ir a la Corte (Suprema) a poner en conocimiento una situación sospechosa y al día siguiente el notario puede estar siendo amenazado por el cliente o la persona que le confió sus operaciones, esto obliga al profesional del derecho a ser “un soplón”.

Jiménez recalcó que esta ley “pone contra la pared a los abogados, los compromete, porque los quieren poner de soplones, es difícil que algún abogado cumpla con esa ley, se pierde el secreto profesional, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de la familia”.