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La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció este miércoles ante lo que denominó “un patrón de discriminación y amenazas de represalias por parte del Gobierno a los trabajadores estatales”.

La Redesca explicó en el comunicado que tiene conocimientos de una reunión que se realizó el pasado 10 de abril en Carazo, en la que estuvieron presentes trabajadores estatales, representantes departamentales del Frente Nacional de los Trabajadores y del Ministerio de Salud, en la que habrían advertido que los trabajadores que no estén de acuerdo con las recomendaciones que haga el Gobierno serían despedidos.

“Además de contratar únicamente a personas que posean el carnet de la militancia del partido sandinista. Asimismo, revisar y garantizar que los actuales funcionarios públicos cuenten con el mismo (carnet)”, añade el pronunciamiento.

El organismo señala que estas mismas orientaciones se habrían repetido en julio de 2019 en las ciudades de Jinotepe, León y Somoto.

“En esta última ciudad, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) habrían amenazado con despidos a trabajadores ‘traidores’ del partido oficialista por haber atendido a personas manifestantes heridas durante las protestas”, manifiesta el comunicado.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció este miércoles ante lo que denominó “un patrón de discriminación y amenazas de represalias por parte del Gobierno a los trabajadores estatales”. Archivo/END

La Redesca agrega que a los trabajadores estatales también les advierten que en caso de existir nuevas manifestaciones sociales, no deben presentar asistencia médica, ni tener contacto, menos dialogar con nadie que se relacione con protestas antigubernamentales y movimientos de oposición.

Control con los celulares

El comunicado de prensa de la Redasca también señala que en Madriz y Estelí, funcionarios de Ministerio de Salud, Educación y de la rama judicial denunciaron que en abril de 2019 algunos sindicalistas alineados con el Gobierno los obligaban a mostrar sus celulares al ingresar y al salir del trabajo.

En el caso de los teléfonos, la revisión era “para revisar contactos, conversaciones y mensajes en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y sus correos electrónicos personales, además de mantener vigilancia en la casa de los trabajadores”, denuncia el comunicado.

Asimismo, añade que el Partido Indígena Yatama, denunció públicamente que trabajadores públicos habrían sido amenazados con despidos si no entregaban una lista de sus familiares para obligarlos a votar por el partido oficialista en los comicios regionales de marzo pasado.

Por todo lo antes mencionado, la Redesca manifiesta su preocupación ante las acciones de los representantes del Estado que están limitando el ejercicio del derecho a la salud y al trabajo contra personas que expresen opiniones distintas a la del gobierno en turno.

Por lo tanto, la Redesca recuerda al Estado de Nicaragua que “es una obligación inmediata del Estado respetar y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Por tales razones, hacen un llamado urgente al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato dichas prácticas discriminatorias que afectan el ejercicio de los derechos al trabajo y a la salud. Archivo/END

Para la Redesca, la existencia de condiciones relacionadas con la adscripción, militancia u opiniones públicas, que estarían siendo requeridos por el Estado de Nicaragua, resultan contrarios a los principios de igualdad y no discriminación, en relación con los derechos al trabajo y a la salud.

Por tales razones, hacen un llamado urgente al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato dichas prácticas discriminatorias que afectan el ejercicio de los derechos al trabajo y a la salud, que generan un efecto intimidante por las posibles represalias y debilita seriamente los esfuerzos de contribuir a la superación de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.