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Dos miembros de una familia de agricultores, originarios de la comarca La Poma, jurisdicción de Masaya, serán juzgados en Managua.

Así lo determinó la jueza Distrito Penal de Juicio de Masaya, Ruth Chamorro, quien ordenó que se haga en Managua el juicio para Samuel González, de 55 años, y su sobrino Ezequiel González Aragón, de 20 años, quienes enfrentan cargos por posesión de armas restringidas.

"Cuando se trate de relevancia social y trascendencia nacional y pluralidad de acusados corresponde a un juez de la capital conocer de la causa", dice en su parte medular la resolución de la jueza Ruth Chamorro, que se apoya en la Ley de Reforma al Código Penal.

A 500 metros de su casa

En la acusación presentada inicialmente en los juzgados penales de Masaya se señala que la policía encontró enterradas tres bombas de contacto, a una distancia de 500 metros al sur de la casa de Ezequiel González.

En el documento acusatorio no se explica si los predios donde se produjo el hallazgo de las tres bombas de fabricación artesanal son propiedad de alguno de los tres acusados.

Las tres bombas de contacto estaban enterradas en un hueco de 30 centímetros de profundidad por 37 de ancho, se indica en la acusación del Ministerio Público.

Segundo caso en cinco días

Esta es la segunda vez que la jueza Distrito Penal de Juicio de Masaya, Ruth Chamorro, toma la decisión de separarse de un expediente judicial donde la Fiscalía acusa a habitantes de esa ciudad de fabricar bombas de contacto.

La primera vez fue el pasado 21 de agosto, cuando ordenó que el artesano Mauricio Valencia Mendoza fuera juzgado en la capital. A él la policía lo capturó por una bomba de contacto en su poder.

Para el abogado Maynor Curtis, defensor de Samuel y Ezequiel González, la decisión de la jueza Ruth Chamorro es otra manera de "ensañarse con quienes son señalados de protestar contra el régimen".

"Cuando se saca a un acusado de su juez natural (lugar de ocurrencia de los hechos) se hace incurrir en más gastos a la familia del detenido porque se tienen que trasladar de una ciudad a otra para acompañarlo en las audiencias o bien para visitarlo en el penal", subrayó Curtis.