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La Asociación de Abogados y Notarios de Nicaragua expresó su inquietud por no conocer la normativa ni los detalles sobre “qué y cómo” deben informar las acciones inusuales de sus clientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ahora que son sujetos obligados a reportarlas, según la reforma a la Ley Antiterrorismo.

“En la ley no está muy claro el procedimiento que se iba a seguir en relación a la obligación de reportar operaciones sospechosas que se puedan presentar ante un notario público en el ejercicio de sus funciones”, expresó el abogado Juan Ramón Grádiz, vocal de la directiva de la asociación de abogados que este martes participó en la consulta hecha por la Comisión de Producción y Economía de Asamblea Nacional, que prevé dictaminar este jueves la reforma a la Ley de la Unidad de Análisis Financieros (UAF).

Grádiz, comisionado general de la Policía Nacional en retiro, dijo que conversaron con los legisladores sobre “cómo se iba a proceder para cumplir con las disposiciones contenidas en la ley antilavado de activos y antiterrorismo, “que nos afecta porque fuimos incluidos como sujetos obligados para reportar a través del Poder Judicial” operaciones inusuales de los clientes.

Al haber sido incluidos como sujetos obligados en la Ley Antiterrorismo se debió reformar también la ley de la UAF para que en su contenido los abogados y notarios aparezcan con esa misma responsabilidad, explicó.

Lo que ha quedado claro es que “el proyecto de reforma es sencillo y está previsto que esta ley sea reglamentada, hace falta completar una serie de actividades más. La misma Corte Suprema entendemos que tiene que emitir normativas complementarias, porque este es un tema nuevo, es decir, (esperamos) que aterricen todos los detalles sobre qué y cómo nosotros vamos a cumplir con esta nueva responsabilidad”, enfatizó Grádiz.

Asamblea Nacional de Nicaragua. Archivo/END

En otros países donde este tipo de leyes se cumplen desde hace más de 10 años, explicó Grádiz, existen manuales de procedimientos y reglamentaciones aplicables para los notarios.

Preocupación por sigilo

“El tema que ha causado cierta preocupación es el que tiene que ver con el sigilo o secreto profesional, sin embargo, debemos analizar hasta dónde el tema del sigilo es un derecho absoluto”, apuntó.

Bajo determinadas circunstancias, bajo un procedimiento legal, puede levantarse ese sigilo y si se establecen las reglas claras y los procedimientos legales claros, no debe haber temor, dijo el jurista.

El legislador Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción y Economía, dijo que los abogados deben portar a la CSJ solo la operación inusual, que es diferente al registro de operaciones sospechosas.

“No es el abogado y notario público el que genera un reporte de operación sospechosa, no es esa la responsabilidad del abogado, no está en su formación, ni está en su responsabilidad generar un registro de operación sospechosa, eso le corresponde a un ente especializado, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. Lo que hace el abogado es reportar una operación, que a su leal saber y entender, considera que es una operación inusual”, refirió el diputado.

La oficina especializada de la CSJ será la responsable de transformar la información de los abogados en un registro de operaciones sospechosas, según lo expresado por Gutiérrez.

La CSJ trasladará ese contenido a la UAF, que es finalmente la institución que decidirá si un caso en particular se judicializa o no.

La reforma a la UAF establece que “el sigilo profesional es un derecho cliente-abogado, que se preserva por ministerio de la ley” cuando los abogados y notarios públicos “estén defendiendo o representando clientes en procesos civiles, penales, administrativos, de mediación o de arbitraje”, indicó Gutiérrez.