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Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que no aceptarán que el gobierno de Nicaragua se oponga a cooperar con una Comisión de alto nivel que se conformó el miércoles y que tiene el mandato de buscar una solución a la crisis que estalló en abril del año pasado.

“La Comisión le tiene que reportar los hechos al pleno (de la OEA) y a los cancilleres (de América). Imagino que los cancilleres de la mayoría de los países no van a aceptar que (Daniel) Ortega niegue la cooperación y no solo en las américas, sino que también los países de Europa, que están vigilando el progreso que vaya a tener la Comisión. Pienso que la mayoría de los cancilleres van a esperar el reporte que salga de esta Comisión para determinar cuáles serían los próximos pasos sobre la Carta (Democrática Interamericana)”, declaró Trujillo a El Nuevo Diario.

Trujillo es uno de los cinco miembros de la Comisión de la OEA, que tiene 75 días para rendir un informe sobre la crisis nicaragüenses.

Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el miércoles, el gobierno de Nicaragua anunció su rechazo a la conformación de la Comisión.

Trujillo sostuvo este jueves que en la Comisión “tenemos las mejores intenciones de trabajar”.

Explicó que buscarán a “todos los actores civiles, incluyendo el gobierno, si el Gobierno no está dispuesto a trabajar con la Comisión, tendrá que explicar a todos los cancilleres que votaron sobre este mandato, que crearon esta Comisión, a todos los que no estaban decididos sobre si era necesaria esta Comisión, cuál es la razón por la que no quieren participar y ocultar la verdad de lo que está pasando en Nicaragua”.

Nicaragua tiene 16 meses de crisis. Archivo/END

El diplomático sostuvo que ante una eventual negativa del gobierno nicaragüense de colaborar con la Comisión de la OEA, la comunidad internacional tendría una reacción “contundente”.

“Será una conversación muy difícil. Me imagino que si ellos no quieren participar y tratan de ocultar toda la información necesaria, la comunidad internacional, no solo los Estados Unidos, va a reaccionar de una manera muy contundente y muy fuerte”, adelantó Trujillo.

Precisó que el primer paso de la Comisión de la OEA será solicitar una reunión de los países que se han incorporado en este grupo (Paraguay, Canadá, Argentina, Estados Unidos y Jamaica).

Se empezará “a trabajar sobre una hoja de ruta sobre lo que tenemos que cumplir, el primer paso es recibir toda la información actual sobre en qué situación está Nicaragua y cómo ha llegado a ese nivel y cuál puede ser la mejor solución para salir hacia adelante”, indicó Trujillo.

Agregó que en el caso de Estados, el mandatario Donald Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, han dejado sobre la mesa la posibilidad de imponer más sanciones, las cuales no solo serían individuales.

“El presidente (Donald) Trump y el Secretario (de Estado) Mike Pompeo han dicho en varias ocasiones que tienen un compromiso con la democracia y la democracia en Nicaragua. Hemos visto en Venezuela las acciones que hemos tomado, no solo sanciones particulares, sino sanciones también sobre industrias enteras y en Venezuela hemos terminado un embargo sobre los bienes entrando y saliendo en Venezuela. Nicaragua no va a ser diferente”, respondió Trujillo a El Nuevo Diario en una conferencia con periodistas nicaragüenses.

“Si Ortega y el gobierno piensan que pueden seguir oprimiendo, poniendo presos (a opositores), teniendo presos políticos, la presión va a seguir de la misma manera”, enfatizó.

Agregó que en Estados Unidos no se “ha descartado ninguna presión económica o particular”.

“La presión internacional, presión económica, presión individual, siempre siguen sobre la mesa, y que exista una Comisión no descarta de que los Estados Unidos u otro país quiera tomar otras medidas en sus manos”, enfatizó Trujillo.

En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del gobierno en el diálogo nacional, sostiene que hay unos 126 manifestantes que siguen presos, al tiempo que denuncia la prohibición a manifestaciones públicas y a otros derechos constitucionales, como la libertad de expresión e información.