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Ciudadanos que participaron este jueves en un foro sobre reformas electorales que organizó la Alianza Cívica, realizaron un piquete exprés a la salida del evento el cual provocó un excesivo despliegue policial en las afueras del hotel capitalino, donde se desarrollaba el evento.

A eso de las 12 del mediodía, el grupo de protestantes se aproximaron a la entrada principal del hotel, portando banderas azul y blanco, pancartas y banners con los nombres de algunos manifestantes que aún permanecen detenidos por haber protestado contra el Gobierno.

Esta acción provocó que fuerzas de antimotines que se había apostado en las inmediaciones del hotel, se aproximaran rápidamente con sus escudos y armas de alto calibre hacia el grupo de que protestaba gritando consignas para demandar la libertad de los presos.

“Justicia, justicia”, “Eddy Montes no murió, la Policía lo mató”, eran algunas de las consignas que el grupo coreaba.

Entre los asistentes al plantón había varios miembros de la Alianza Cívica, excarcelados y familiares de quienes aún permanecen detenidos en Sistema Penitenciario de Tipitapa, mejor conocido como La Modelo.

En la acera opuesta, cerca de las fuerzas policiales, un grupo de hombres a bordo de motocicletas y con cascos hacían fotos a quienes participaban del plantón y a periodistas que daban cobertura a la protesta, incluso uno de estos motorizados intentó arrebatarle el celular al periodista David Quintana, del sitio informativo digital Boletín Ecológico, en ese intento el aparato de Quintana cayó al suelo y se dañó.

El plantón duró aproximadamente 30 minutos y posteriormente los participantes del mismo comenzaron a desalojar poco a poco las instalaciones del hotel por un portón lateral, mientras las fuerzas policiales mantenían bloqueado el paso del portón principal.

Al menos 45 efectivos policiales participaron del operativo y se movilizaban dos patrullas en los alrededores.

Desde finales de septiembre del año pasado la Policía Nacional mantiene prohibidas la realización de protestas por parte de la ciudadanía, a pesar que la Constitución Política de Nicaragua lo tiene contemplado como un derecho.

Las manifestaciones en contra del Gobierno iniciaron en abril de 2018 y se han saldado con la muerte de 328 personas, según reportes de organismos internacionales de derechos humanos.