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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentó este jueves dos propuestas para reformar 18 aspectos del sistema electoral nicaragüense que incluyen el adelanto de las elecciones y el cambio de magistrados del Poder Electoral.

La Alianza recoge 13 recomendaciones que en el pasado brindaron misiones de acompañamiento electoral, e incluye entre otros aspectos, la elección de nuevos magistrados electorales, brindar la posibilidad del voto en el extranjero y el adelanto de elecciones generales, municipales y regionales.

José Pallais, miembro del consejo directivo de la ACJD, expuso en el foro “Construyendo consenso nacional político sobre las reformas electorales", que esta propuesta tiene como objetivo evitar que se utilicen los procesos electorales para “imponerse” en el poder.

El miembro de la Alianza explicó que otros puntos contenidos en la propuesta electoral incluyen: la despartidización de la estructura electoral, acreditación de los fiscales por parte de los partidos políticos directamente en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Centros de Votación (CV).

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Además, se debe evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de personerías jurídicas simplificando este proceso, hay también que adaptar estos ajustes a las particularidades de la Costa Caribe del país; también se pide permitir la observación electoral nacional e internacional.

En la parte operativa de las JRV, sugiere dotar de equipamiento electoral que genere confianza en el sistema, “algo tan simple que nunca lo hemos tenido, las urnas transparentes, por poner un ejemplo, que permita apreciar si ya están preñadas (con boletas en el interior), como se dice popularmente, y que vean los fiscales si no se agregan o se quitan boletas de votación de esa urna”, dijo Pallais.

Asimismo, habría que otorgar a los CV de sistemas de transmisión de resultados auditables, verificables y observados, para que el sistema de publicación de resultados de cada JRV ocurra en tiempo real.

También proponen depurar el Padrón Electoral y reglamentar los distintos procesos electorales, incluyendo los mecanismos de impugnaciones.

El jurista de la ACJD explicó que la propuesta busca construir un sistema electoral que garantice la confianza entre los nicaragüenses sobre su derecho al voto y su participación en los partidos políticos.

“La actual ley es una consecuencia de un pacto prebendario cuyos actores se repartieron el Poder Electoral. Lo controlaron y pretendían controlarse (así) mutuamente, es decir, impusieron un candado para cerrar espacios a fuerzas políticas emergentes, imponiendo un bipartidismo”, dijo Pallais.

Señaló que se debe impulsar la democratización interna de los partidos políticos, porque no se puede profundizar la democracia sin que los actores fundamentales de los procesos electorales no la practiquen.

Reformas a la constitución

En el aspecto constitucional, la ACJD propuso cinco puntos. El primero es la realización de elecciones adelantadas en todos los niveles: generales, municipales y regionales.

“Eso es fundamental para llevar al país a una situación de estabilidad, a una nueva era de democracia que permita darle respuesta a la lucha de miles de nicaragüenses comprometidos con ese objetivo y cambiar de verdad, a profundidad, de raíz la situación”, manifestó Pallais.

De igual manera, se tiene que establecer que la victoria presidencial se logra al obtener 50 por ciento+1 voto, que de no conseguirse, se va a una segunda vuelta.

Como tercer elemento se contempla establecer la no reelección presidencial.

Como cuarto punto está la prohibición de sucesión continua del cónyuge del presidente; y finalmente hay que promulgar la independencia de la diputación con respecto al partido.

Pallais señaló que ambas propuestas son un primer borrador y que buscan el consenso entre muchos sectores para que se incluyan todos los puntos importantes para cambiar el sistema electoral.

Negociación Gobierno-OEA

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la ACJD, al ser consultado sobre un encuentro sostenido el domingo 25 de agosto entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar temas electorales, dijo que esto no necesariamente desembocará en una resolución favorable al Gobierno.

Chamorro expresó que no considera que la OEA quiera prestarse a hacer reformas unilaterales, porque estas no llenarían las expectativas de la población.

A su juicio, el acuerdo para las reformas debe estar contextualizado a lo discutido en la mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno, que ventilaba temas como justicia, verdad, reparación y no repetición, el fortalecimiento de la democracia y reformas electorales, fortalecimiento de las garantías ciudadanas y liberación de los manifestantes presos, un acuerdo cumplido a medias.

Informe de Rosadilla

El delegado de la Secretaría de la OEA en el diálogo, Luis Ángel Rosadilla, quien fungió como testigo y acompañante, afirmó el miércoles que respecto a las reformas, la Secretaría General de la OEA dará respuesta a la nota del Gobierno del 28 de julio en los próximos días, “tomando especial consideración de los elementos pendientes de la agenda consensuada oportunamente en la mesa de negociación” entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica, “de forma que el fortalecimiento de las instituciones, a través de las reformas político-electorales, sean absolutamente compatibles con la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos jurídicos interamericanos”.

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“La OEA estuvo presente en la aprobación de la hoja de ruta, en todo el proceso de las reformas electorales y lo que nosotros esperamos es que al final del día no es que sea en la mesa de negociación, el fin último es que las reformas se den y que sean buenas”, manifestó Juan Sebastián Chamorro.

Agregó que si las reformas se “dan unilateralmente, estoy seguro que no se van a dar estos cambios, no se van a subir hasta el 50% +1, no van a eliminar la reelección presidencial ni la sucesión familiar, no van a permitir la observación internacional, de tal manera que para asegurar las reformas electorales concretas, tiene que ser en el contexto en el que la oposición, fuerzas vivas de la nación participen”.

Período de comisión

El encuentro entre el Gobierno y la OEA fue dado a conocer el miércoles durante la presentación de un informe de la Secretaría General del organismo, en una sesión donde se abordó el tema de Nicaragua y en el que también se ha estructurado una comisión de alto nivel integrada por representantes de Jamaica, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Paraguay, para tratar de encontrar una salida a la crisis sociopolítica nicaragüense.

Sobre este punto, Pallais valoró que el período de 75 días que tendría la comisión para preparar un informe sobre Nicaragua, debería ser reducido ante la negativa de la representación nicaragüense de reconocer este nuevo esfuerzo diplomático del organismo continental.

“El embajador del Gobierno (de Nicaragua) en la OEA ejerce la vocería y trasladó la decisión de no cooperar con la comunidad internacional, de negarse al diálogo internacional, a como se ha negado al diálogo nacional. Esto nos lleva a la conclusión de que la comisión tendría que acortar el plazo de los 75 días porque si no encuentra disposición, no existe un interlocutor, una de las partes se niega a cooperar, ya no es necesario agotar todo este período”, argumentó Pallais.