• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Web

Durante la última década, la libertad de prensa en Nicaragua y el acceso a la información pública experimentaron severos retrocesos que condujeron a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, señala el “Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, preparado en conjunto por la Fundación Violeta Barrios, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Red IFEX – defensora de la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe-; el cual ha sido enviado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El documento recoge el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes, cometidas por el Gobierno de Nicaragua, siendo el caso más grave el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas.

Casos mencionados

En el documento se explica que en al menos tres ocasiones el Gobierno ha intentado fallidamente imponer restricciones a la Libertad de prensa.

El informe explica que a raíz de las protestas de abril, el gobierno respondió con una violencia nunca antes vista en la historia de Nicaragua. Archivo/END

Por ejemplo, se señala que en el primer trimestre del año 2018, la Asamblea Nacional comenzó a realizar una serie de consultas, en su mayoría con instituciones estatales, para establecer mecanismos de control para las redes sociales en Nicaragua, bajo el supuesto argumento de evitar el ciberacoso y garantizar la seguridad ciudadana.

Cuatro años antes, en 2014, el Gobierno también presentó ante la Asamblea una propuesta para reformar el artículo 92 de la Constitución Política, el cual está referido a establecer controles sobre las frecuencias de radios y compañías de telecomunicaciones.

“El tercer intento fue la presentación de un artículo en el anteproyecto de Ley de Policía, que estaba redactado de manera que se orientaba a impedir que periodistas y organizaciones de la sociedad civil realizaran investigaciones sobre temas de su interés, ya que dicha prerrogativa se reservaría solo a la institución policial”, señala el reporte.

De igual manera se señala como ataques a la libertad de prensa, la distribución sesgada de la publicidad gubernamental, el cierre de medios por razones políticas, entre estos casos destaca el informe las clausuras de: radio Bosawás, (El Cuá, Jinotega) radio Voz de Mujer, (Jalapa) radio Palabra de Mujer (Paiwas), radio Emperador, (Rivas), Canal El Rey,(Chinandega) Canal Columbia,(Somoto) y el programa Onda Local, (de cobertura nacional) que se transmitía en una radio oficialista y tuvo que migrar a otra radio.

Pero la censura y represión no solo se ha dado contra periodistas nacionales sino también contra extranjeros. El informe da cuenta de expulsiones registradas en años recientes, como la del fotoperiodista chileno de la Agencia France-Press (AFP), Héctor Retamal, así como la de la periodista belga Michéle Sennesael y la del caricaturista francés Jules Berjeaut, quienes fueron echados del país por las autoridades de Migración y Extranjería.

Las instalaciones de Confidencial fueron clausuradas por la Policía Nacional. Archivo/END

“Otra forma de presión contra la prensa independiente se evidencia en la no renovación de licencias, tanto para las radios como para las televisoras”, indica el Informe.

Además, agrega que “se sigue negando el acceso a periodistas independientes a actividades oficiales, siendo una práctica de toda la década objeto de revisión pero que ha recrudecido a partir de abril del 2018”, señala el reporte.

Represión de 2018

De igual manera, se explica que a raíz de las protestas de abril, el gobierno respondió con una violencia nunca antes vista en la historia de Nicaragua, aún en la dictadura somocista. En ese período se registra el allanamiento de medios de comunicación como Canal 100% Noticias, sala de redacción de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche; además de la destrucción total de Radio Darío en León, producto de un incendio provocado.

Guillermo Medrano, coordinador del proyecto Periodismo y Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios, compartió esta semana a EL NUEVO DIARIO que esa organización tiene documentado que hasta el 30 de julio pasado, un total de 91 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse debido al asedio gubernamental.

“Están distribuidos principalmente en cinco países: Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y España”, dijo Medrano.

Informó que esta organización ha documentado en los últimos 16 meses un total de 1,378 ataques en contra de medios de comunicación en Nicaragua.

Cerco a libertades individuales

Mientras que en materia de violaciones a las libertades individuales, el informe especifica que en estos últimos 4 años el Gobierno de Nicaragua promovió y aprobó normas jurídicas como la Ley de Seguridad Soberana (No. 919) que criminaliza la protesta social.

Las instalaciones de 100% noticias permanecen bajo resguardo policial. Archivo/END

“En cambio, el Gobierno permitió la existencia de fuerzas de choque progubernamentales que actúan coordinadas con la Policía, institucionalizando actos de intimidación estatal y represión que atentan contra la libertad de expresión; la Ley antiterrorismo que criminaliza la protesta ciudadana y desincentiva la solidaridad, y también reformó la Ley de Unidad de Análisis Financiero, UAF, (No. 976) ampliando sus facultades para investigar confiriéndole excesivos poderes al director de dicha Unidad”, explica el documento.

Recomendaciones

Finalmente, las organizaciones externas plantean la necesidad de reformar la Constitución Política de Nicaragua, “suprimiendo el calificativo atribuido a la crítica, señalando que ésta debe ser constructiva, ya que ello, en la práctica, motiva restricciones indebidas por parte de las instituciones del Estado”.

Además, piden la aprobación de una nueva Ley de telecomunicaciones en el país que esté en concordancia con el avance del sector y que limite el accionar del ente regulador. También sugieren que se dicten normas para regular la asignación de publicidad oficial.

Asimismo, demandan una investigación exhaustiva e independiente del asesinato del periodista Gahona.

También piden la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; sugieren el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados.

El Informe señala, además, la importancia de que el Estado cumpla con las medidas cautelares a favor de los periodistas, familiares, defensores de derechos humanos y garantice el retorno seguro de más de 91 periodistas que se encuentran en el exilio.