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La abogada María Oviedo fue sentenciada este lunes a 30 días de arresto por obstrucción al trabajo policial, pero la pena fue suspendida por la jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalia Úbeda, considerando que no tiene antecedentes penales, el delito es menor y por su condición de género.

El secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, se mostró aliviado por la suspensión de la pena, sin embargo, afirmó que el hecho que fue inculpada y condenada, ya es un mensaje del Gobierno.

“El mensaje no era solo para los defensores de derechos humanos, también era para las mujeres, el gremio de abogados. Muestra que ellos (el Gobierno) pueden hacer y deshacer lo que deseen. Nosotros estamos claros del rol que desarrollamos como defensores de derechos humanos y no es fácil cuando no se respetan las leyes, ni la Constitución”, alegó Carmona.

La abogada de la CPDH, enjuiciada y condenada, señaló que a pesar de la suspensión de la pena, aún la zozobra no ha finalizado, ya que el Ministerio Público podría interponer un recurso de apelación si no está conforme con la decisión judicial, aunque también ella tiene derecho a interponer apelación.

La doctora Leyla Prado, defensora de Oviedo, dijo que el Ministerio Público tiene tres días para apelar, pero estarán preparados, aunque la última palabra la tiene el sistema judicial.

“Si se diera el caso, nosotros vamos a reaccionar a los recursos y a lo que la ley nos permita”, dijo Prado.

Con la suspensión de pena, Oviedo continuará con el ejercicio profesional como abogada y defensora de derechos humanos. Espera la notificación del juez de ejecución, que determinará si ella continuará con las medidas iniciales impuestas por la jueza o suspenderá la retención migratoria y tener que presentarse semanalmente para firmar en el Complejo Judicial Central Managua.

“La judicial, así como lo estableció en la sentencia, indicó que queda sujeta al juez de ejecución para lo que es de su competencia. Él está facultado a establecer las condiciones que se van a cumplir en esos 30 días. Una vez que esté radicado mi caso en algún juzgado de ejecución se celebrará la audiencia respectiva y determinará si se mantienen las medidas de retención migratoria y la presentación periódica”, dijo la doctora Oviedo.

La abogada de CPDH, dijo que normalmente el juez de ejecución de pena ratifica las medidas iniciales impuestas por el juez de primera instancia, sin embargo, eso está a su consideración y ella sabrá de esto hasta que le notifiquen.

De momento, nada le impide que la doctora Oviedo continúe ejerciendo su labor y su licencia sigue vigente. Destacó que desde un primer momento fue injusto, ya que la acción que llevó a cabo (dar una bofetada a un policía cuando era empujada) no es constitutiva de delito.

“Recién salida (de la detención policial) el 28 de julio, al día siguiente tuve continuación de juicio y me personé, porque primero está la responsabilidad laboral. Durante esto no hubo ningún incidente con el juez, desarrollándose todo de forma normal. Luego hay otros casos que están pendientes, pero no han sido convocadas las audiencias respectivas. Yo sigo trabajando en función de la defensa de los derechos humanos”, dijo la doctora Oviedo, quien considera que hubiese sido catastrófico que el sistema de justicia le impusiera una pena desproporcionada, por un hecho que notoriamente es atípico y no obedece a circunstancias legales.

La abogada María Oviedo fue sentenciada este lunes a 30 días de arresto por obstrucción al trabajo policial, pero la pena fue suspendida por la jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalia Úbeda. Jorge Ortega/END

Carmona señaló que en reiteradas oportunidades, los defensores de derechos humanos han sido amenazados, asediados y sufrido agresiones directas, como la detención y condena de cuatro promotores de Boaco; también la doctora Ana Hooker Bermúdez fue encarcelada sin tener proceso judicial, costándoles a todos ellos más de 100 días en prisión.

Consideró que gracias a la presión nacional e internacional, el proceso contra Oviedo no pasó a más, porque se sumaría a la larga mancha de violaciones a los derechos humanos del Gobierno de Nicaragua.