• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Impresa

Jaime Aparicio, exjefe de la misión de observación electoral del Centro Carter en 2006, dijo a El Nuevo Diario que las reformas electorales propuestas por la opositora Alianza Cívica “están bien orientadas”, pero podrían mejorarse, y una de las principales exigencias debe ser que el Gobierno regrese la observación electoral, “porque desde el 2006 desistió y estipuló el acompañamiento, lo cual es muy limitado”.

“Muchas organizaciones se han negado a participar de los procesos bajo el acompañamiento, porque sus opciones son muy limitadas y en caso de fraude sus opciones son pocas e incluso pueden acabar como cómplices de unas elecciones fraudulentas”, explicó.

Los trece cambios en la Ley Electoral que propone la Alianza Cívica se basan en la elección de nuevas autoridades electorales que generen confianza a los nicaragüenses; despartidizar las estructuras electorales; alianzas que puedan elegir su nombre y representante legal libremente; acreditación de fiscales de las Juntas Receptoras de Votos, sin discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral (CSE).

La Asamblea Nacional ha reformado seis veces la Ley 311, según los registros que consultó El Nuevo Diario en la página web del Poder Legislativo.

Aparicio comentó que las elecciones en Nicaragua han sido “cada vez menos integrales, menos libres, menos transparentes, menos competitivas, a partir de la Ley 331 o Ley Electoral aprobada en enero del 2000.

“Ha llegado hasta el momento que en la última elección presidencial, ni siquiera han podido participar algunos partidos de oposición”, dijo el experto.

Afirmó que las reformas electorales realizadas desde entonces “han sido políticamente manipuladas y no han sido aplicadas técnicamente, como fue la recomendación de todos los órganos internacionales de observación internacional”.

Los cambios del año 2000 fueron producto de un pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y el actual presidente de la República, Daniel Ortega, quienes acordaron sustituir la Ley Electoral o Ley 211.

En consecuencia, se reformó el porcentaje necesario para ir a una segunda vuelta, los requisitos para otorgar personerías jurídicas a partidos políticos, dejando esto prácticamente a discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Además, el otorgamiento de diputaciones acumuladas, en su mayoría por el primer y segundo lugar, afianzaba el bipartidismo.

La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, explicó que las reformas del 2000 en esencia, además de promover la partidización del sistema electoral, fueron las que “más afectaron la democracia” y “las más demoledoras a la Ley Electoral”.

Roberto Courtney, de Ética y Transparencia, concuerda con Zelaya en que las reformas del 2000 “son las más graves”, porque en esencia “prohibieron un arbitraje independiente y pusieron que todos los partidos estaban sujetos a lo que decidieran los dos partidos principales”.

El exdiputado Eliseo Núñez comentó que las reformas del 2000 se hicieron con el fin de diseñar un “sistema para dos jugadores del mismo tamaño, es decir, el fondo era forzar el bipartidismo, pero nadie esperó que uno de ellos se redujera a la mínima expresión y el otro lograra controlar todo el sistema”.

Agregó que las reformas también propiciaron la partidización de las estructuras electorales y que en el tema de la asignación de escaños se le dio “prioridad matemática, no solo prioridad política, a los primeros y segundos lugares que les permitió acumular más diputados que los que su votación les otorga”.Jaime Aparicio, dijo a El Nuevo Diario que las reformas electorales propuestas por la opositora Alianza Cívica “están bien orientadas”. Cortesía/ENDNúñez también explicó que estas mismas reformas del 2000 fueron en las que el CSE puso “más trabas para la obtención de personerías jurídicas y en el tema de financiamiento a los partidos pequeños, que quedaron con las reformas sin la posibilidad de ir con dinero estatal, por lo que la ley es muy nociva, ya que prácticamente establece el bipartidismo”.

Incumplieron

Aparicio recuerda que para las elecciones de 2006 hubo una serie de “reclamos, no solo del Centro Carter, pero las recomendaciones no se cumplieron”.

Algunos de los temas cuestionados, que según Aparicio no se han resuelto, son la politización del organismo electoral, falta de equilibrio partidario, reglas electorales aplicadas de manera injusta y una alta dependencia del poder electoral hacia el Poder Ejecutivo.

El exjefe de misión del Centro Carter agregó que lo más grave de todo es que Nicaragua “en lugar de mejorar, como ha pasado en muchos otros países, donde se han tomado en cuenta esas recomendaciones, se ha ido deteriorando gradualmente el sistema electoral, los problemas que ya existían en el 2006 en la actualidad se han convertido en un completo deterioro”.

Consideró que lo fundamental en un sistema electoral es “contar con un órgano independiente del poder político, del Poder Ejecutivo y lo elija sobre bases de formación profesional y no de militancia partidaria”.

Otras reformas

La Ley 331 tuvo cambios en julio del 2008, cuando el Poder Legislativo aprobó tres adiciones al artículo 3 relacionados a la depuración del padrón y el calendario electoral.

Aparicio considera que el fin era “poder discriminar respecto a quienes están apoyando al oficialismo y quienes no, todo lo contrario a lo que se le recomendó en el 2006 que consistía en realizar un diagnóstico del padrón electoral, pero no se tuvo en cuenta y lo que hicieron no fue una depuración, sino otorgar más poder al CSE”.

Cuatro años más tarde, en mayo de 2012, los diputados de la Asamblea Nacional, en su mayoría sandinistas, reformaron con carácter de urgencia 27 artículos.

Uno de los cambios más importantes establecidos era que los nicaragüenses que no votaran en las elecciones municipales de 2012 y las presidenciales de 2016 serían eliminados del padrón electoral.Courtney asume que esto se trató de una “situación degenerativa que irrespetaba el derecho popular a la elección y que demostraba el interés del Gobierno de turno, que envió las reformas, de barrer con el porcentaje de la oposición que decidió no votar porque no cree en el sistema electoral, aunque (también) pusieran trámites para renovar tu derecho a votar, los cuales nunca quedaron realmente claros”.

La reforma también estipuló que los fiscales de los partidos políticos tenían que ser acreditados en los Consejos Electorales Municipales y no en el CSE. Además, obligaba al Poder Electoral a entregar un padrón fotográfico a los partidos políticos.

Con las reformas del 2012 los candidatos que quedaran en segundo lugar en las elecciones municipales, pasarían, si ellos lo deseaban, a ser concejales. También se estableció que se triplicaba el número de concejales en los 153 municipios del país, lo cual fue ampliamente criticado por los gastos administrativos en los que incurrirían las alcaldías.

Según Núñez, las reformas de 2012 intentaban buscarle una salida al bipartidismo, pero se lograron pocas cosas, por ejemplo, los fiscales tenían un procedimiento específico de acreditación, porque en 2011 hubo ausencia de fiscales opositores en un buen porcentaje de las mesas electorales.

Otros cuatro años más tarde, en agosto de 2016, el aparato legislativo volvió a aprobar una reforma para la Ley 331, en esta ocasión fueron 6 artículos.

La reforma de estos 6 artículos para establecer el proceso de cedulación permanente, la eliminación del plazo de 90 días antes de las elecciones para cedularse, el padrón publicado en los centros de votos y no el de la juntas receptoras y el cierre del padrón electoral 30 días antes de las elecciones, entre otros puntos.

Courtney critica la reforma al artículo 34 porque era parte de lo que el CSE seguía haciendo para “afinar la perversidad del modelo electoral” en vista a la polémica por los resultados en las municipales de 2008, a partir de los datos publicados por el CSE.Courtney critica la reforma al artículo 34 porque era parte de lo que el CSE seguía haciendo para “afinar la perversidad del modelo electoral” en vista a la polémica por los resultados en las municipales de 2008, a partir de los datos publicados por el CSE.Imagen referencial. Archivo/END“Publicaban los padrones electorales junta por junta, de manera que cualquier nicaragüense sabía cuántos electores había en una junta receptora de voto, entonces, cualquiera se daba cuenta que si el CSE envió 150 boletas y el partido político a fin a este órgano gana en esa junta con 400 se había cometido un fraude, entonces, para evitar semejante fiasco empiezan a esconder los datos, cambian y dicen que solo van a publicar los padrones del centro de votación, lo cual dificulta la fiscalización, porque a la hora de tener un reclamo, el CSE te pide en qué junta tenés el reclamo, no te pide el centro de votación”, explicó Courtney.

Cambios recientes

Las reformas más recientes a la Ley Electoral fueron las de 2017, 2018 y 2019, aunque en esencia, según los expertos, no necesariamente significaron una lesión a la democracia.

En 2017 y 2019 permitieron que cualquier persona en la lista de cedulados pudiera votar el mismo día al solicitar a la JRV su inclusión al padrón electoral, únicamente presentado su cédula de identidad.

En febrero de 2018 se estableció que el presidente del CSE de ese entonces, Roberto Rivas, pese a ser sancionado por el Gobierno de los EE. UU. por delitos de corrupción podía seguir en la institución, no obstante, se designó más atribuciones al entonces vicepresidente, Lumberto Campbell.

La valoración de Aparicio es que las reformas de 2018 demuestran un problema “fundamental en la democracia nicaragüense”, porque el órgano electoral se ha convertido en “un aparato político”.