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La Unión Europea (UE) ultima un marco jurídico para imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega por la situación en Nicaragua, una medida que busca aumentar la presión para promover el diálogo con la oposición, indicaron este jueves a la AFP varias fuentes.

"Ya se está trabajando en sanciones, de momento con un listado vacío", explicó una fuente diplomática europea, precisando que la propuesta ya pasó por los órganos encargados de América Latina y de Relaciones Exteriores del Consejo de la UE.

Otra fuente diplomática precisó que se trata de "finalizar" el marco jurídico para permitir la adopción de sanciones, como se decidió en julio. "Se trata de una herramienta para presionar" de cara a una "continuación del diálogo nacional", agregó.

La página web del Consejo de la UE, institución que reúne a los países del bloque, recoge tres documentos confidenciales para un reglamento "relativo a medidas restrictivas en vistas de la situación en la República de Nicaragua", constató la AFP.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua / Archivo Los embajadores de los 28 países europeos ante la UE deben todavía pronunciarse sobre la propuesta presentada por los servicios de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, antes que el Consejo de la UE apruebe formalmente el marco sancionador.

Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida del actual Gobierno, por la represión ejercida contra los manifestantes.

La violencia dejó más de 300 muertos, más de 70,000 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.

Daniel Ortega suspendió de manera unilateral las negociaciones con la oposición (Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia) el 30 de julio.

A mediados de julio, después de la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales, la UE expresó su disposición a "usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis".Venezuela se convirtió en noviembre de 2017 en el primer país latinoamericano al que la UE impuso sanciones. En un primer momento, los europeos adoptaron el marco jurídico, además de un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para reprimir.

En enero de 2018, impuso una congelación de activos y una prohibición de visados para siete funcionarios venezolanos por el deterioro del estado de derecho, de los derechos humanos y de la democracia en el país, a los que sumó otros 11 en junio de ese mismo año.