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El plenario de la Asamblea Nacional aprobó el miércoles las reformas a la Unidad de Análisis Financiero, en la que se estipula que los abogados y notarios públicos están obligados a reportar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las operaciones inusuales que detecten en su quehacer como profesionales del derecho.

Los legisladores avalaron con 72 votos a favor y 15 en contra esa reforma.

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez afirmó que la medida se tomó para cumplir una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y, de esa manera, evitar que el Sistema Financiero Nacional sufra bloqueos que afectarían hasta el flujo de remesas familiares.

La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó un voto razonado en contra de esa reforma por “el peligro que podría significar la manipulación de esas recomendaciones en un país políticamente dividido, donde impera el sesgo partidario contra el Estado de Derecho, poniendo a los abogados y notarios en la obligación discrecional de calificar cuando si y cuando no, una operación es inusual”.

Para los diputados del PLC, “mientras en Nicaragua no se garantice la independencia de poderes, cualquier recomendación de la Galifat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica) podría prestarse a manipulaciones en su aplicabilidad, desvirtuando el fortalecimiento de la economía”, añade el documento del voto razonado del PLC.

Pero de acuerdo con Gutiérrez, si no se cumplen las orientaciones, que incluyen tener a los abogados y notarios como sujetos obligados, Nicaragua sería incluida en una lista gris.

El año pasado, añadió el legislador, en Nicaragua se recibieron US$1,500 millones por transferencia de remesas familiares. “Este año, a la fecha, son US$796.6 millones en remesas, un dinero sagrado. Si no se cumplen con las disposiciones (del GAFI) se condenaría a no recibir remesas a 500,000 familias nicaragüenses y eso no lo vamos a permitir”, expresó Gutiérrez.

Por su parte, Alfredo César, diputado del Partido Conservador (PC), sostuvo que esta medida “amplía la red de informantes al Estado y vulnera el sigilo bancario y la protección a la privacidad a la que tienen derecho los ciudadanos”.

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez afirmó que la medida se tomó para cumplir una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Archivo/END

“Es cierto que hay algunos países que tienen esto (abogados y notarios como sujetos obligados) incluido, pero la gran diferencia es que no tienen un régimen cuestionado como el de Nicaragua”, afirmó César.

“En esos países hay independencia de las instituciones y separación de poderes, hay Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos y aquí, según la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, no hay respeto a los derechos humanos, ni independencia de los poderes, entonces, ese tipo de ley, abre la posibilidad de que se utilice como herramienta