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El Gobierno de Nicaragua considera que el reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la situación del país, está descontextualizado, es parcial, injerencista y omite datos que a su juicio no corresponden con la realidad.

La ONU pidió el viernes poner fin a la "impunidad" en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo "graves violaciones" de los derechos humanos en un contexto de crisis política.

Además, dio a conocer el informe sobre Nicaragua para el 42 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a realizarse entre el 9 y 27 de septiembre, en Ginebra, Suiza, que abarca el periodo del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 y que “se presentó fuera de plazo para recoger los acontecimientos más recientes”.

El mismo día se dio a conocer también una nota verbal del Gobierno de Nicaragua del 2 de septiembre de 2019, donde se piede presentar las Observaciones al informe de la Alta Comisionada del 23 de agosto como documento oficial para el 42 Periodo de Sesiones.

“El Estado de Nicaragua observa que el capítulo y el informe está descontextualizado, porque el contexto que Oacnudh pretende establecer para desarrollar su informe, está retrotraído a un período anterior del mandato y no refleja la realidad actual de Nicaragua”, dicen estas observaciones.

Además del informe de Oacnudh criticado por el Estado de Nicaragua, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó este viernes sobre las "graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas" en Nicaragua.

ACUSA DE INJERENCIA

La respuesta del Gobierno de Nicaragua al informe de la ONU, explica que las conclusiones y recomendaciones del mismo “no son aceptables para el Gobierno de Nicaragua por cuanto pretenden realizar transformaciones profundas en la superestructura del Estado y su funcionamiento jurídico, que son propios de su independencia, soberanía y autodeterminación”.

“El informe manifiesta una tendencia de injerencia directa en los asuntos internos del país al intentar subordinar la institucionalidad nacional a la tutela de organismos internacionales”, repite el Gobierno nicaragüense.

Según el Gobierno nicaragüense “el enfoque de la Oacnudh es alejado de la realidad, con visión parcializada y sesgada porque minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional, calificándolas de supuestas protestas pacíficas”.

Además, dicen que la Oficina repite sin verificar “noticias falsas contra el Estado de Nicaragua haciendo señalamientos de manera irresponsable y con ligereza sin ninguna prueba, tales como el uso desproporcionado de fuerza, supuestas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en los centros de detención, entre otros”.

Por otra parte, el Gobierno afirma que “se omiten de forma deliberada” delitos como terrorismo y asesinatos, supuestamente en los 1,300 tranques que “Oacnudh denomina como simples bloqueos de carretera y barricadas".

La Oacnudh “cuestiona sin fundamento” la independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), explica el Gobierno de Nicaragua.

Agresión contra periodistas frente a la sede central de la Policía, el año pasado. Archivo/END

“En relación a la supuesta restricción del derecho a la reunión pacífica por parte de la Policía Nacional de Nicaragua, reafirmamos que este derecho no requiere permiso previo, ya que puede llevarse a efecto en sitios privados sin afectar la libre circulación de las personas y vehículos”, determinan las observaciones.

“La Policía Nacional no ha prohibido las manifestaciones públicas, ya que en el período analizado no recibió solicitudes que cumplieran con los requisitos de ley para realizar concentraciones, manifestaciones y movilizaciones públicas”, declara.

También niega que se prohíba usar la Bandera Nacional y cantar el Himno de Nicaragua, señala que la presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de obligaciones, asimismo, que emplear la expresión "turbas progubernamentales" es una referencia despectiva a un sector de la población nicaragüense, “que también ejerce su derecho constitucional a manifestarse”.

El Gobierno dice que no hay censura y que a los periodistas que encarceló fue porque cometieron delitos.

“EDDY MONTES AGREDIÓ”

En cuanto al caso del manifestante preso que murió en la cárcel, el Gobierno señala que ”el preso Eddy Antonio Montes Praslin agredió con piedras a (un) funcionario y armado con un arma cortopunzante metálica de 19 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho, se abalanzó contra el funcionario que portaba fusil. Posteriormente sujetó el cañón del fusil queriendo arrebatarlo, produciéndose un forcejeo entre ambos, sin lograr su objetivo. El funcionario penitenciario, logró retroceder aproximadamente un metro de su agresor y al continuar la agresión de parte de Montes Praslin, rodeado por otros presos que también lo agredían con piedras y objetos contundentes, realizó un disparo que impactó en la parte baja del abdomen del principal agresor, Eddy Antonio Montes Praslin”.