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Dos defensores públicos solicitaron a los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) revertir la sentencia condenatoria de 23 años de prisión que les dictó un juez de primera instancia en el 2018 a tres nicaragüenses que sobrevivieron al tiroteo donde murió un migrante ilegal de origen camerunés.

Los sentenciados, para quienes los abogados de la Defensoría Pública piden sentencia absolutoria son: Byron Jarquín López, Yáser García López y Kiver Martínez.

Los tres reos antes mencionados son sobrevivientes del tiroteo en el quien pereció el migrante camerunés Mbang Atanga Alehefer.

El hecho sangriento donde pereció Mbang Atanga aconteció el 29 de septiembre del 2017 en el puente Las Lajas, departamento de Rivas, al sur de Managua.

El incidente donde perdió la vida el migrante camerunés se produjo cuando los tres acusados que transportaban a nueve migrantes africanos ilegales, desatendieron la señal de alto hecha por policías, según la Fiscalía.

A los tres traficantes de migrantes ilegales el entonces juez Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, Ernesto Rodríguez (ahora magistrado de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua), los condenó a nueve años por homicidio frustrado, ocho por tráfico de migrantes ilegales y seis por crimen organizado, para totalizar 23 años.

Cabe mencionar que todas las audiencias de este juicio el ahora magistrado Rodríguez las hizo a puerta cerrada y de noche.

Después de producirse la muerte Mbang Atanga, llegó a Nicaragua su progenitora, Tchamuni Joseph Maglobie, quien fue apresada por la Policía y señalada ser junto con su fallecido hijo, parte de una red de traficantes de migrantes ilegales.

La mujer inicialmente fue incluida en la misma acusación por el Ministerio Público, pero la misma Fiscalía posteriormente pidió su expulsión del país.

ALEGAN DUDA RAZONABLE

En la audiencia de apelación, los defensores públicos señalaron que este caso "exige duda razonable" de la participación de sus representados en los hechos acusados.

El Código Penal establece que la duda razonable siempre debe ser aplicada a favor del reo.

"En ningún momento la Fiscalía ha demostrado la existencia del delito de crimen organizado, porque no existe ninguna prueba que demuestre que ellos hayan cometido varios delitos en distribución de funciones bajo la jerarquía de un jefe para atribuirle el delito de crimen organizado", alegó la defensora pública Amy Rayo.

La representante de la Defensoría Pública señaló que a sus representados tampoco les fueron ocupadas armas, agregando que son los vehículos en que ellos viajaban con los africanos los que tienen varios impactos de bala de fusiles AK-47.

Por su parte, la fiscal auxiliar Inés del Carmen Miranda, defendió la sentencia condenatoria y solicitó a los magistrados del TAM ratificar las condenas para cada acusado.