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De las 200 denuncias de despidos injustificados en instituciones estatales y relacionadas con la crisis en Nicaragua, interpuestas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solo dos tienen sentencia de reintegro.

“Con estos dos trabajadores que laboraron para el Ministerio de Educación, uno del municipio de Nandaime y el otro de Tipitapa, el reintegro no se acató”, señaló Yedris Contreras Rodríguez, asesor laboral de la CPDH.

Contreras dijo que, dado que la ley laboral permite al empleador no acatar el reintegro bajo el acuerdo de entregar una indemnización doble, el Ministerio de Educación optó por lo último, aunque en realidad los trabajadores tampoco han recibido el dinero.

Estos 200 trabajadores son parte de al menos 19 instituciones de todos los departamentos del país, a quienes despidieron sin respetar las normas y leyes en materia laboral, ni lo acordado en los convenios colectivos, de acuerdo con las denuncias.

Cifras

El asesor legal aclaró que estas son denuncias interpuestas en CPDH, pero no hay una cifra global de despedidos, ya que muchos casos son llevados por abogados independientes, mientras que otros no denuncian ni reclaman ante el Ministerio del Trabajo.

De los 411 trabajadores de la salud despedidos, 121 son especialistas, 28 subespecialistas, 79 médicos generales, 54 enfermeras y 129 es personal de apoyo. Archivo/END

“En el caso del Ministerio de Educación, tenemos 15 denuncias, y el resto de casos laboraron al MTI, Enabas, Minsa, Ministerio de la Juventud, Enatrel, Petronic, Alcaldía de Managua, Inatec, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Energía y Minas, Telcor, Radio Nicaragua, Enacal, Inide, Unan y la Policía Nacional”, dijo Contreras.

Explicó que esas instancias justifican los despidos como supuesto incumplimiento de sus labores o simple cancelación de contrato, sin embargo la tendencia ha demostrado que apoyar las marchas opositoras, opinar fuera de la línea oficialista o el simple hecho de ser familiar de alguien que critique al gobierno, ha sido motivo de despido.

La mayor parte de denuncias hechas en CPDH provienen de extrabajadores del Ministerio de Salud (60), aunque varios de estos son casos colectivos.

Según la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), la cifra general recopilada a nivel nacional es de 411 trabajadores de ese gremio que han sido despedidos, quienes demandan su reintegro, aunque al menos 76 médicos han optado por pedir refugio en el extranjero.

“De 411 trabajadores de la salud despedidos, de estos 121 son médicos especialistas, 28 médicos subespecialistas, 79 médicos generales, 54 enfermeras y 129 personal de apoyo. A ninguno de ellos les han dado ni reintegro, ni su indemnización laboral”, aseguró el presidente de UMN, doctor José Antonio Vásquez.

Ministerio de Educación

La representante de la Unidad Sindical Magisterial, Lesbia Rodríguez, indicó que no tienen un registro actualizado, pero hay más de un centenar de despedidos en el Ministerio de Educación, y solo tienen registro de 5 casos en que han recibido su liquidación.

“A partir de la crisis del año pasado comenzó esto. En todo caso lo que están haciendo es que a los maestros enfermos por pérdida de voz, por ejemplo, no los cambian de actividad y los dejan en las aulas, por lo que muchos prefieren poner su renuncia, a otros los acosan para obligarlos a renunciar, y también se da que te mandan tu carta de despido sin un razonamiento lógico de la finalización del contrato, porque si tienen argumentos no veo el problema en que prescindan de tus servicios”, comentó la licenciada Rodríguez.

Por su parte, el asesor laboral de CPDH señaló que dado que los primeros argumentos para el despido de personal violentaban el fuero sindical y las leyes de carrera sanitaria y docente, al no seguir los procedimientos y las normas establecidas para despedir a un trabajador, ahora tienen otra estrategia en las instituciones estatales para los despidos, presionándolos para que pongan la renuncia, ya que de lo contrario no les darán su indemnización laboral.

Además del gremio médico, los maestros también han sido afectados con despidos. Archivo/END Contreras indicó que los casos han quedado en impunidad, dada la retardación de justicia, violación al debido proceso y la falta de independencia de los jueces al dar fallo.