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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentará este martes en Ginebra, Suiza, el informe actualizado del organismo sobre la permanente violación de los derechos humanos en Nicaragua.

Bachelet hará la presentación en cumplimiento del mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobaba en marzo de este año por este mismo consejo con 23 votos a favor, tres en contra y 21 abstenciones.

El reporte sería presentado la madrugada de este martes y documenta las “graves violaciones” de los derechos humanos cometidos desde mediados de abril 2018 y que a la fecha las autoridades gubernamentales han negado tener responsabilidad y señalando como culpables a “líderes sociales de la oposición y defensores de los derechos humanos y a manifestantes de lo que ellos llaman violencia golpista y de la repercusión negativa en la economía”.

El documento precisa que las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el propósito “declarado de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas de la crisis sociopolítica, se impusieron sin previa consulta”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. AFP/END

En otro acápite manifiesta que la fase más reciente de la represión contra los sectores críticos con el Gobierno se ha caracterizado por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.

El informe también explica que los arrestos y detenciones arbitrarias continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas.

El organismo lamenta que las autoridades no han investigado con “diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia”.

Entre sus conclusiones señala que se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar “la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo”.

El Gobierno de Nicaragua considera que el reporte de Oacnudh sobre la situación del país está descontextualizado, es parcial, injerencista y omite datos que a su juicio no corresponden con la realidad.

¿Desaparecidos?

En este 42 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se agregarán las denuncias de organizaciones nicaragüenses. Por ejemplo, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) presentó un informe que incluye una lista de 108 personas que podrían estar en cárceles o simplemente desaparecidas, pero de las cuales no se tiene información.

La AMS elaboró el “Informe de violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua con énfasis en territorios rurales, personas excarcelados y ejecuciones extrajudiciales”, que abarca el período de enero a julio de 2019.

Estas organizaciones nicaragüenses destacan que se ha logrado “confirmar la tortura como otro tipo de crimen de lesa humanidad cometido por el Estado de Nicaragua, a raíz de las protestas sociales” y que había sido advertido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en su informe del 2018.

Por primera vez un organismo se atreve a proporcionar nombres y apellidos de personas (108) reportadas en su momento como detenidas y que a la fecha se desconoce su ubicación.

El informe enfatiza que todavía existen 121 presos y presas políticas en manos del Estado, 54 de los cuales corresponden a capturas realizadas en 2018 y 67 de 2019.

El reporte sería presentado la madrugada de este martes y documenta las “graves violaciones” de los derechos humanos. Archivo/END

Entre el primero de enero y el 31 de julio de 2019 “se contabilizaron 1,569 registros de denuncias ciudadanas sobre violaciones de derechos humanos vinculados con la crisis sociopolítica del país; estos registros reflejaron 2,407 incidentes. De estos, 392 incidentes son vinculados a acciones de amenazas, 601 son vinculados a agresiones, 77 heridos, 1,295 detenciones y 41 muertes vinculadas a la crisis sociopolítica del país”, precisa el documento.

Garantías

El informe de la Alta Comisionada de la ONU recomienda garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación, así como sancionar y condenar ataques o intimidación a los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y periodistas.

También, el restablecimiento de personerías jurídicas a las ONG que las eliminaron, devolver bienes incautados a medios de comunicación y la investigación y enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos.

La desarticulación y desarme de los elementos armados progubernamentales no pasó por alto, tampoco poner fin a las detenciones consideradas arbitrarias y liberar a todos los detenidos en el contexto de las protestas.