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La jefa de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, y el observador permanente de la Santa Sede en la ONU, Iván Jurkovic, recomendaron al Estado de Nicaragua retomar el diálogo con la oposición nicaragüense.

La recomendación surgió este martes durante el 42 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, donde Oacnudh presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

“Nos parece clave que haya un diálogo. Un diálogo que debe ser incluyente, sincero, transparente y basado en los derechos humanos. Mi oficina reitera su disposición para brindar el apoyo y la asistencia técnica necesaria, para que las propuestas sean conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, propuso Bachelet.

Jurkovic, representante del Vaticano, apoyó la recomendación de la Alta Comisionada señalando que es “esencial” que el Gobierno de Nicaragua vuelva de inmediato a negociaciones “abiertas y mutuamente respetuosas y realizar, a la mayor brevedad, las reformas electorales para la celebración de elecciones libres y transparentes con la presencia de observadores”.

El diálogo entre el Gobierno nicaragüense y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia( ACJD) quedó suspendido el 15 de mayo de este año, cuando en la cárcel mataron al manifestante preso Eddy Montes.

Posibles acciones

El informe presentado por Bachelet, en el que denuncia que el Gobierno de Nicaragua continúa violentando los derechos de los nicaragüenses después de 17 meses de crisis sociopolítica, podría desencadenar una resolución del Consejo Permanente de la ONU, advirtió Alejandro Bendaña, exembajador alterno de Nicaragua ante la ONU.

“Podría llegar a resultar en una resolución del consejo, se mantendría el seguimiento, además, existen acciones que ya involucran a los países, pues, se podría llegar a conformar relatorías especiales para monitorear y darle seguimiento a la situación de Nicaragua”, explicó.

Julio Icaza, también exrepresentante de Nicaragua en la ONU, comentó que las acciones del consejo “pueden limitarse a escuchar y debatir o ir más allá, aprobando una resolución de condena o extendiendo recomendaciones para el país infractor”.

Señaló que otro tipo de medidas posibles son las comisiones de investigación o las misiones de determinación de los hechos, ya sean solicitadas por el país cuya situación se analiza o decididas por el consejo ante la gravedad de los hechos.

Icaza también mencionó “los llamados procedimientos especiales, como el nombramiento de un relator especial o un representante; el consejo puede, finalmente, tratándose de una situación que revista especial gravedad por sus repercusiones en la paz y la seguridad internacionales, remitir el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Sin embargo, cualquiera de estas alternativas dependerá de los votos requeridos para su posible adopción, advirtió Icaza.

Recurrente

El informe sobre Nicaragua, presentado por Bachelet, señala que entre agosto del 2018 y agosto del 2019 en este país se “continuaron violentando los derechos humanos”.

No obstante, rescata que desde que se retomaron las negociaciones, en febrero del 2019, el “número de violaciones contra la vida e integridad personal han disminuido”.

La Oficina del Alto Comisionado consideró preocupante que al finalizar el informe, hayan recibido información de homicidios e intentos de homicidio ocurridos la mayoría en Jinotega, contra personas identificadas como opositoras al Gobierno de Nicaragua.

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Agregó que los malos tratos y las detenciones arbitrarias han sido recurrentes, pero las denuncias sobre violaciones a la integridad personal en los sistemas penitenciarios han sido esporádicas, desde el 11 de junio, cuando se liberó a la mayoría de los ciudadanos detenidos en el contexto de las protestas sociales.

Destacó que el espacio cívico se ha visto “reducido significativamente” y que la libertad de expresión ha sido “restringida” mediante acciones que van desde el cierre de medios independientes, la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses.

Bachelet resaltó que en Nicaragua se han ejecutado expulsiones arbitrarias de estudiantes y médicos; le falta independencia al Poder Judicial y al Ministerio Público; y se cometen violaciones a las garantías del debido proceso.

La Alta Comisionada destacó que la crisis sociopolítica ha repercutido negativamente en los indicadores de logros y el disfrute de los derechos económicos y sociales en Nicaragua.

Bachelet afirmó que seguirán observando la situación de este país y señaló la necesidad del regreso de Oacnudh al territorio nicaragüense.

Aplauden informe

Algunos organismos internacionales, defensores de derechos humanos, aplaudieron la contundencia del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, expresó que el informe de Bachelet “evidencia una vez más que las graves violaciones de derechos humanos continúan sin una respuesta seria” del Gobierno de Nicaragua.

Dijo que Amnistía Internacional seguirá “alzando la voz por el pueblo de Nicaragua”, y llamó a la comunidad internacional a “implementar acciones enérgicas para que cese la represión”.

Gobierno rechaza

El Gobierno de Nicaragua calificó el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, como “sesgado” y “carente de veracidad y credibilidad”.

El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, señaló que “no es cierto” que en el país se hayan prohibido las manifestaciones públicas o que haya desapariciones forzadas, tampoco aceptó que se estén cometiendo ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones en centros de detención.

Según el vicecanciller de Nicaragua, en este país “hay plena libertad de expresión y de asociación” y los periodistas “ejercen sus funciones sin censura previa ni restricción”.

Sin embargo, periodistas nicaragüenses denunciaron en el mismo foro que las oficinas de medios de comunicación como 100% Noticias, Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, están tomadas por la policía.

42 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Cortesía/END

Además, materias primas de El Nuevo Diario y La Prensa permanecen retenidas en la Dirección General de Aduanas.

“Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer su derecho a informar”, dijo Jeantschke, mientras era grabado por la periodista Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada durante 5 meses por informar sobre las violaciones a derechos humanos cometidas a partir de abril de 2018.