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Representantes de cinco de las nueve organizaciones de la sociedad civil que en diciembre de 2018 les fue cancelada su personería jurídica por decreto de la Asamblea Nacional, rechazaron este miércoles las acusaciones vertidas por el Estado de Nicaragua en la 42 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se les señaló de haber cometido actos ilícitos.

Según el Estado de Nicaragua, estas nueve organizaciones; Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Institutos de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), utilizaron el organismo para “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de golpe de Estado, violando sus propios estatutos”.

Para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, las afirmaciones del Estado de Nicaragua incurren en el delito de la “calumnia”.

“Este nuevo discurso es un repetición perversa y mentirosa de una calumnia frente a las organizaciones de derechos humanos, a las cuales se nos canceló arbitrariamente nuestra personería jurídica”, afirmó Núñez.

Agregó que esa acusación es “carente de pruebas”, por lo cual lo rechazó categóricamente y retó al Estado de Nicaragua a “mostrar pruebas de las acusaciones de las que señala a las organizaciones, aunque sabemos que sus procedimientos son amañados, porque esas son acusaciones sin ningún fundamento, su objetivo es incentivar una campaña de odio”.

Por su parte, Félix Maradiaga, director ejecutivo del Ieepp, ahora desde el exilio, explicó que el despojo de la personería jurídica fue “ilegal” y las acusaciones del Gobierno no tienen “fundamento”.

Félix Maradiaga. Archivo/END

Maradiaga valoró que la reacción del Gobierno ante la arbitrariedad que cometió contra las organizaciones, es “un acto desesperado por responder a una montaña de evidencias irrefutables sobre los crímenes de lesa humanidad” que han cometido.

Además, consideró que las “declaraciones no fueron creíbles en el seno del Consejo de Derechos Humanos y más bien generaron una reacción de repudio”.

Por su parte, Haydee Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, concuerda con Maradiaga, pues señaló que el Gobierno lo que busca es justificar las acciones contra la ciudadanía, “pero más bien lo que hace es quedar en ridículo ante la comunidad internacional”.

Agregó que las represalias del Gobierno se deben a que como organizaciones se “convirtieron en una piedra en el zapato”, por sus constantes denuncias sobre violaciones a derechos humanos en Nicaragua.

Proceso arbitrario

El director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, ahora desde el exilio, denunció que no solo las acusaciones del Gobierno son ilegales y sin fundamento, sino que desde el principio la cancelación de sus personerías fue “arbitrario e ilegal”, ya que si el Ministerio de Gobernación hubiera tenido sospechas de actividad ilícita, tendría que haber notificado, iniciar un proceso de investigación, dar el derecho a réplica y llevar el caso a una instancia judicial, en base a la cual el Ministerio de Gobernación podría haber pedido la cancelación.

 Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río. Archivo/END

“Se saltaron todos los procesos, solo nos quitaron la personería de manera arbitraria”, denunció Ruiz.

Agregó que hasta la fecha, sin ninguna justificación legal alguna, “el Estado mantiene expropiada nuestra oficinas y activos, entonces, más allá solo del hecho de cancelar nuestra personería jurídica, nos quitó las cuentas bancarias de proyectos financiados por donación externa, entonces hay un flagrante derecho de libertad de asociación”.

La directora de Cisas, Ana Quirós, a quien se le quitó la ciudadanía nicaragüense y se le obligó a regresar a Costa Rica, señaló que las acusaciones del Gobierno de Nicaragua son “infundadas”.

“Ellos (el Gobierno) en ningún momento han mostrado pruebas ni han dado cauce legal a lo que dicen”, denunció Quirós.

Además, explicó que el Estado en ningún momento permitió a las organizaciones sentar su postura, pues se limitaron a arrebatar la personería y los bienes de manera “ilegal y arbitraria”.