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La gerente de un restaurante de comida rápida, el dueño de una chatarrería y el representante de una entidad bancaria, se sumaron este jueves a la lista de empresarios que son enjuiciados por la Alcaldía de Managua por el cobro de impuestos.

A los representantes de los dos negocios y la entidad financiera que fueron llevados este jueves a los juzgados, los abogados de la comuna capitalina les atribuye el ilícito de defraudación tributaria. Los acusados aseguran que los cobros son injustificados.

El abogado Ricardo Ramírez Magnaley, quien representa a la Alcaldía de Managua en estos proceso judiciales, aseguró que "son varios los casos de defraudación tributaria en perjuicio de la Alcaldía, pero solo se han judicializado 10 o 15”.

El apoderado judicial de la comuna capitalina señaló que en la mayoría de los casos han logrado llegar a acuerdo con los acusados.

Esta semana la Alcaldía de Managua embargó varias cuentas de la empresa telefónica Movistar. Archivo/END

"El propósito de la Alcaldía no es llevar a las personas a la cárcel, sino que se cumpla con la ley", indicó.

Ramírez insistió en decir que las acusaciones no están vinculadas con el atraso del pago de impuestos municipales a la comuna.

"Las acusaciones es porque los contribuyentes (acusados) han reportado ingresos por ventas inferiores a lo que realmente han percibido a través del ocultamiento de información (contable) o haciendo doble facturación", apuntó.

Caso burger king

La jueza Séptimo Local Penal de Managua, María Lourdes Corea, dio este jueves un plazo fatal de 12 días a María Urcuyo Llanes para que deposité una caución económica (fianza) de C$1,000,000 o ponga como garantía una propiedad cuyo valor alcance la cantidad antes mencionada.

La decisión fue dictada por la jueza Corea después de aceptar la acusación que la Fiscalía promueve contra Urcuyo, gerente general de los restaurantes de comida rápida Burger King, que de hecho ya cerraron.

La jueza impuso, como medidas cautelares a Urcuyo, la detención domiciliar y la prohibición de salir del país, advierte en su resolución que de no cumplir la acusada con la caución económica dictada, le impondrá una medida más gravosa.

Juzgados de Managua. Archivo/END

La Alcaldía le atribuye a Urcuyo una defraudación fiscal hasta por un monto C$3,588,250.12.

Los abogados de la empresaria expresaron que su apoderada tiene la voluntad de pagar, pero que no tiene dinero para honrar sus compromisos con la Alcaldía.

"Mi representada tiene el deseo de pagar, pero ella no tiene dinero porque fue víctima de una administración fraudulenta por parte de personas que eran de su confianza", manifestó al salir de la audiencia el abogado defensor, José Noel Ramos.

Para asistir a la cita de la autoridad judicial, María Urcuyo se valió de la ayuda de una familiar que le ayudó a movilizarla.

Sin embargo, en el expediente judicial rola el dictamen médico legal número 13836- 2019 que emitió el doctor Patricio Solís Paniagua, del Instituto de Medicina Legal (IML), donde indica que ella puede desplazarse por sí sola.

Chatarrero a juicio

Entre tanto, en una audiencia hecha a puerta cerrada, la jueza Quinto Local Penal de Managua, Josefa Vargas, mandó a juicio a Luis Castillo Solano, gerente de una empresa recolectora de basura reciclable.

La decisión fue tomada por la judicial después de que los abogados de la Alcaldía demostraron que el acusado incumplió con un acuerdo de mediación suscrito el 7 de julio del 2019 y que le permitió a Castillo recuperar su libertad.

Al propietario de la chatarrería, que también está cerrada, la Alcaldía le atribuye defraudación fiscal hasta por un monto de C$3,000,000.

El 7 de julio, Castillo acordó con los abogados de la municipalidad pagar US$2,000 mensuales como abono a la suma millonaria por la defraudación fiscal que le atribuyen, pero no cumplió.

Contra un banco

En el mismo juzgado Quinto Local Penal de la capital, se presentaron los abogados del banco Ficohsa, al que la comuna también le atribuye el mismo delito por un monto superior al millón de córdobas.

En este caso, la audiencia no se realizó porque el gerente de la entidad bancaria está fuera del país, según documentación presentada por los abogados de instrucción financiera.

El abogado del banco afirmó que lo que la Alcaldía de Managua les están cobrando son impuestos por premios que otorgan a sus clientes o ahorrantes, que según afirmó, nunca antes habían sido cobrados.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Archivo/END

Esta semana la Alcaldía de Managua embargó varias cuentas de la empresa telefónica Movistar, por la supuesta mora en el pago de impuestos de bienes inmuebles (IBI) por C$32 millones.

“Parte de la represión”

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, se pronunció este miércoles sobre las acciones de la Alcaldía de Managua contra empresarios privados por el cobro de impuestos, asegurando que es parte de la represión que lleva a cabo el Gobierno contra los dueños de negocios.

“Es otra forma de quitarles recursos a las empresas para poder cubrir el problema que tiene el Gobierno ante la caída económica y la caída de la cooperación”, añadió Aguerri.

El artículo 303 de la Ley 641 o Código Penal establece que se sanciona con pena de 6 meses a 3 años de prisión a quien incurra en el delito de defraudación fiscal siempre y cuando el monto no sobrepase los 25 salarios mínimos.

El mismo artículo consigna que si lo defraudado, los 25 salarios mínimos del sector industrial, la pena aumenta de 3 a 5 años y una multa que en ambos casos es el doble del monto defraudado.