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Expertos aglutinados en el Grupo Pro Reforma Electoral propusieron este viernes cambiar 68 artículos de la Ley Electoral y hacer cinco modificaciones a la Constitución Política para generar confianza en las próximas votaciones.

Las reformas a la Carta Magna se vinculan a tres artículos. El Grupo propone derogar el artículo 133, para que los presidentes y vicepresidentes salientes del Poder Ejecutivo no pasen ya a ser parte de los diputados en la Asamblea Nacional.

Además, sostienen que debe establecerse en el artículo 146 de la Constitución que la Presidencia de la República se gane con una mayoría absoluta del 50% más uno de los votos válidos y no con mayoría relativa, como actualmente está.

También plantean una reforma al artículo constitucional 147 para prohibir la candidatura presidencial del esposo o esposa del presidente saliente, cuando pretenda competir en las elecciones inmediatas a la finalización del periodo presidencial del cónyuge.

Actualmente, ese mismo artículo, en su numeral 2, dice que para ser candidato a presidente y vicepresidente el ciudadano debe “estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos” y en su inciso “b” prohíbe la candidatura a presidente o vicepresidente de las personas que “encabecen o financien un golpe de estado, los que alteren el orden constitucional”.

De manera que el Grupo Pro Reforma Electoral sostiene, según el documento que presentaron este viernes, que constitucionalmente debe redactarse una “disposición transitoria para eliminar obstáculos” que puedan tener los excarcelados y exiliados que sufrieron acusaciones y condenas penales por participar en manifestaciones.

El foro sobre las reformas electorales contó con una buena asistencia. José Espinoza /END

Esa “disposición transitoria” permitiría “garantizar los derechos para postularse a cargos de elección popular” a los “excarcelados y exiliados a partir de la crisis del 2018”, indica el documento.

También proponen la “prohibición absoluta de la reelección presidencial”.

Gabriel Álvarez, José Antonio Peraza, María Antonieta Fiallos y Yáder Loza, miembros de este Grupo, explicaron el contenido de su propuesta a representantes de partidos políticos y a organismos de la sociedad civil durante un foro-debate celebrado este viernes en un hotel capitalino.

“Somos un grupo autónomo y hemos presentado esta propuesta luego de meses de discusión”, indicó Fiallos, quien destacó la necesidad de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) trabaje en la educación para que los pobladores sepan “cómo ejercer su derecho al voto, conozcan el procedimiento debido y no tengan inconvenientes el día de las elecciones”.

Transparencia al peroceso electoral

Las 68 reformas a la Ley Electoral están enfocadas a devolverle la confianza al sistema electoral, otorgándole transparencia y pluralismo a la competencia por los cargos públicos.

José Antonio Peraza explicó que los cambios deben iniciar desde el artículo 16 de la Ley Electoral, en el que debe cambiarse la forma en que se integran los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y la integración de las mesas de las Juntas Receptoras de Votos.

Actualmente, esos cargos los ocupan miembros de los partidos políticos.

El Grupo propone que sean ciudadanos desvinculados de la actividad partidaria y elegidos mediante un concurso.

Otro de los artículos electorales que deben cambiarse en la ley son el 28 y 29, relacionados al tema de la fiscalización y acreditación de fiscales de los partidos políticos.

Peraza explicó que “deben establecerse los tiempos, plazos, modalidades de la fiscalización y reglamentar todos los procedimientos de la fiscalización”.

Para Peraza, lo correcto sería redactar en la Ley Electoral un “capítulo nuevo para definir de manera clara los procesos para los recursos de impugnaciones, apelaciones, revisión y nulidad”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha estado negociando una reforma electoral con el Gobierno de Nicaragua. ARCHIVO/ENDActualmente, la Ley Electoral contempla un capítulo de Errores y Nulidades, que abarca desde el artículo 163 hasta el 168, pero a criterio de los expertos del Grupo, todo eso está ambiguo.

Yader Loza indicó, por su parte, que el Grupo propone también reducir a 50% el número de las directivas municipales y departamentales que debe tener un partido político o quienes aspiren a recibir una personería jurídica como organización partidaria.

Para eso se debe modificar el artículo 65 de la Ley Electoral, el cual establece que para que una organización obtenga personaría jurídica requiere tener directivas en todos los municipios del país.