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Familiares de Dina Carrión González di­jeron que recurrirán a instancias interna­cionales para encontrar la jus­ticia que buscan para su pa­riente, quien fue encontrada muerta en el patio de su casa en abril del 2010.

Este martes trascendió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor al recur­so de amparo que interpuso la expareja de Carrión, Juan Carlos Siles Saravia, contra el Ministerio Público, que pre­tendía reabrir el caso en 2013.

“A 9 años, 5 meses y 20 días del asesinato de nuestra querida Dina Alexandra Carrión Gon­zález, volvemos a sentir como si fuese ayer el sufrimiento por su pérdida, luego que la Corte Suprema de Justicia no noti­ficó que declaraba con lugar el recurso de amparo a favor de Juan Carlos Siles Saravia, quien recurrió a dicha instan­cia para impedir ser procesado por el delito de parricidio por la muerte de quien fuera su espo­sa, Dina Carrión, el 3 de abril de 2010”, manifestó Aida Carrión, hermana de la víctima.

La fuente precisó que el 22 de mayo pasado, la Sala Consti­tucional de la CSJ emitió su resolución, pero fue hasta el viernes de la semana pasada que se enteraron y fue porque este poder del Estado envió una comunicación a la Comi­sión Interamericana de Dere­chos Humanos (CIDH), quien acogió la muerte de su herma­na como uno de sus casos.

“En todo el proceso lo benefi­ció con la retardación de jus­ticia hasta llegar a la impuni­dad, continuaremos con nues­tra demanda a niveles inter­nacionales en la Organización de Estados Americanos (OEA). No desistiremos en esta lucha, es nuestro compromiso moral”, expresó Carrión a tra­vés de una videoconferencia.

La fuente, que radica en los Estados Unidos, anunció que viajaría a Washington, donde se haría acompañar de fun­cionarios del Centro Nicara­güense de Derechos Huma­nos (Cenidh), como Gonza­lo Carrión y Wendy Flores, para reunirse con funciona­rios de la CIDH y exponer la situación.

“Vamos a una reunión con funcionarios para exponer todo lo sucedido en esta últi­ma resolución del caso, por­que los recursos de amparo se resuelven en 45 días, no des­pués de 6 años de haber sido tramitado”, expresó.

ANTECEDENTES

A Juan Carlos Siles Saravia las autoridades lo investigaron porque el día que fue encon­trada muerta Dina Carrión, él se encontraba en la vivienda. No fue procesado porque los investigadores determinaron que su pareja se suicidó con una pistola.

La versión de Siles ante la Policía, según reportes de prensa de ese entonces, fue que no escuchó el disparo porque a esa hora estaba escu­chando música en la compu­tadora que tenía en su cuarto.

Según la versión de Siles, él se percató de la tragedia cuando buscó una silla para sentar­se en el porche y fue en ese momento que a lo lejos obser­vó un bulto caído cerca de la entrada principal.

La fiscal auxiliar en aquella época era la abogada Veró­nica Nieto, quien dijo en su informe que en la muerte vio­lenta de Dina Carrión no hubo mano criminal y que se trata de un suicidio.

En los 18 folios del documen­to, la exfiscal Nieto expre­só que en la escena del cri­men fue ocupada una pisto­la Bren Ten calibre 10 milíme­tros, propiedad de Juan Car­los Siles, con la que supuesta­mente se suicidó la víctima, utilizando una bala de otra arma, una calibre 40 para una pistola Smith and Wesson.

La exfiscal apoyó sus con­clusiones en los peritajes de balística y química hechos en el Laboratorio Central de Criminalística, en los que se indicaba que solo se encon­tró residuos de pólvora en las manos de Dina Carrión y que una prueba de toxico­logía que le hicieron, reveló que al momento de su deceso tenía 0.45 grados de alcohol en la sangre, es decir, había tomado licor.

La familia Carrión rechazó esa versión y demandó una investigación. En 2012, final­mente lograron que el caso se reabriera y el Ministerio Público ordenó a la Policía ampliar las investigaciones.

En 2013, Siles presentó un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, argumentando que sus derechos estaban siendo violentados.

La familia denunció su caso ante la CIDH y este organis­mo solicitó información al Estado de Nicaragua.

Georgina Ruiz, del Cenidh, manifestó que ellos como organismo acompañaron a los demandantes y durante años el Estado no proporcio­nó información del caso a la CDIH.

“En el 2018 nos informaron que como el Estado no res­pondió, la CIDH lo asume como caso. En este proceso de los 7 años, es hasta ahora que la Sala Constitucional se pronuncia y dice que admi­te la petición de él y manda a archivar el caso, dice tam­bién que no le ha violentado sus derechos”, agregó.