Familiares de Dina Carrión González dijeron que recurrirán a instancias internacionales para encontrar la justicia que buscan para su pariente, quien fue encontrada muerta en el patio de su casa en abril del 2010.
Este martes trascendió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor al recurso de amparo que interpuso la expareja de Carrión, Juan Carlos Siles Saravia, contra el Ministerio Público, que pretendía reabrir el caso en 2013.
“A 9 años, 5 meses y 20 días del asesinato de nuestra querida Dina Alexandra Carrión González, volvemos a sentir como si fuese ayer el sufrimiento por su pérdida, luego que la Corte Suprema de Justicia no notificó que declaraba con lugar el recurso de amparo a favor de Juan Carlos Siles Saravia, quien recurrió a dicha instancia para impedir ser procesado por el delito de parricidio por la muerte de quien fuera su esposa, Dina Carrión, el 3 de abril de 2010”, manifestó Aida Carrión, hermana de la víctima.
La fuente precisó que el 22 de mayo pasado, la Sala Constitucional de la CSJ emitió su resolución, pero fue hasta el viernes de la semana pasada que se enteraron y fue porque este poder del Estado envió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acogió la muerte de su hermana como uno de sus casos.
“En todo el proceso lo benefició con la retardación de justicia hasta llegar a la impunidad, continuaremos con nuestra demanda a niveles internacionales en la Organización de Estados Americanos (OEA). No desistiremos en esta lucha, es nuestro compromiso moral”, expresó Carrión a través de una videoconferencia.
La fuente, que radica en los Estados Unidos, anunció que viajaría a Washington, donde se haría acompañar de funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), como Gonzalo Carrión y Wendy Flores, para reunirse con funcionarios de la CIDH y exponer la situación.
“Vamos a una reunión con funcionarios para exponer todo lo sucedido en esta última resolución del caso, porque los recursos de amparo se resuelven en 45 días, no después de 6 años de haber sido tramitado”, expresó.
ANTECEDENTES
A Juan Carlos Siles Saravia las autoridades lo investigaron porque el día que fue encontrada muerta Dina Carrión, él se encontraba en la vivienda. No fue procesado porque los investigadores determinaron que su pareja se suicidó con una pistola.
La versión de Siles ante la Policía, según reportes de prensa de ese entonces, fue que no escuchó el disparo porque a esa hora estaba escuchando música en la computadora que tenía en su cuarto.
Según la versión de Siles, él se percató de la tragedia cuando buscó una silla para sentarse en el porche y fue en ese momento que a lo lejos observó un bulto caído cerca de la entrada principal.
La fiscal auxiliar en aquella época era la abogada Verónica Nieto, quien dijo en su informe que en la muerte violenta de Dina Carrión no hubo mano criminal y que se trata de un suicidio.
En los 18 folios del documento, la exfiscal Nieto expresó que en la escena del crimen fue ocupada una pistola Bren Ten calibre 10 milímetros, propiedad de Juan Carlos Siles, con la que supuestamente se suicidó la víctima, utilizando una bala de otra arma, una calibre 40 para una pistola Smith and Wesson.
La exfiscal apoyó sus conclusiones en los peritajes de balística y química hechos en el Laboratorio Central de Criminalística, en los que se indicaba que solo se encontró residuos de pólvora en las manos de Dina Carrión y que una prueba de toxicología que le hicieron, reveló que al momento de su deceso tenía 0.45 grados de alcohol en la sangre, es decir, había tomado licor.
La familia Carrión rechazó esa versión y demandó una investigación. En 2012, finalmente lograron que el caso se reabriera y el Ministerio Público ordenó a la Policía ampliar las investigaciones.
En 2013, Siles presentó un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, argumentando que sus derechos estaban siendo violentados.
La familia denunció su caso ante la CIDH y este organismo solicitó información al Estado de Nicaragua.
Georgina Ruiz, del Cenidh, manifestó que ellos como organismo acompañaron a los demandantes y durante años el Estado no proporcionó información del caso a la CDIH.
“En el 2018 nos informaron que como el Estado no respondió, la CIDH lo asume como caso. En este proceso de los 7 años, es hasta ahora que la Sala Constitucional se pronuncia y dice que admite la petición de él y manda a archivar el caso, dice también que no le ha violentado sus derechos”, agregó.
