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Nicaragua es un país de “origen y tránsito” en el tráfico de mujeres y niños dentro del territorio nacional y hacia otras naciones, con fines de explotación sexual, donde el gobierno realiza “esfuerzos significativos” para combatir el flagelo, asegura un informe emitido por el Departamento de Estado y publicado ayer en Washington.

En el citado informe, Nicaragua fue descendida al sector de países bajo vigilancia, donde se ubicó Argentina por cuarto año consecutivo, Guatemala por tercero y Venezuela por segundo.

El gobierno de Daniel Ortega está haciendo "esfuerzos significativos" contra el tráfico de personas, pero no hay mayores progresos ni se cumplen los "niveles mínimos", por eso fue colocado bajo observación.

El Departamento resaltó que en Argentina y en Guatemala el año pasado se aprobaron sendas leyes contra el tráfico, sin que se hayan observado mayores progresos en su aplicación ni adecuada asistencia a las víctimas.

Venezuela tomó medidas, pero "no mostró evidencia de avances" en procesos judiciales ni ayuda a las víctimas, indicó el informe.

El resto de países latinoamericanos, salvo Colombia --única nación que alcanza los estándares--, no cumplen con los niveles mínimos estipulados por la Ley estadounidense de protección de víctimas de tráfico de 2000, pero hacen esfuerzos por alcanzarlos, agregó el informe.

Los países de la lista negra son sujetos a sanciones, incluida la suspensión de la ayuda estadounidense no vinculada a acciones humanitarias o comerciales.