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Los contralores colegiados por separado se han encargado de clamar que les libren de la responsabilidad de aprobar o denegar exclusiones de procedimientos, pues estiman que es un proceso difícil que debería corresponder al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no a ellos que son los fiscalizadores del buen uso de los recursos del Estado.

Semanas atrás, el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, después de reunirse con la Comisión Económica del Parlamento que discute una nueva ley de contrataciones estatales, indicó que debería ser el Ministerio de Hacienda el que debe aprobar las exclusiones de procedimientos.

En marzo, cuando EL NUEVO DIARIO hizo público que los colegiados habían aprobado en dos años y dos meses más de 7,010 millones de córdobas para que se contrataran sin licitación pública, el vicepresidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, sugirió que se cambiara la Ley de Contrataciones, Ley 323, para quitarle al ente fiscalizador esa facultad.

“Sólo queremos auditorías”, dice Hernández

Ayer le tocó el turno al contralor Lino Hernández, quien pidió que de una vez por todas les quiten esa responsabilidad.

“Lo que a nosotros nos corresponde constitucionalmente es hacer auditorías, revisar si se invirtió bien el dinero (y) no estar decidiendo, sobre todo cuando no tenemos el equipo suficiente para verificar si es cierto o no es cierto una condición, en una institución del Estado, si damos o no damos exclusión de procedimientos”, manifestó el contralor.

Propuso que debería ser el Ministerio de Hacienda la institución encargada de aprobar la exclusión de procedimientos, lo cual, aseguró, no significaría falta de transparencia por ser el titular del MHCP elegido directamente por el Ejecutivo, pues posteriormente la CGR se encargaría de la revisión de contratos y de las auditorias.

Argüello: “Ojalá y nos pidan más”

Argüello Poessy defendió férreamente las últimas y todas las exclusiones de procedimientos que han otorgado al gobierno del presidente Daniel Ortega, argumentando que lo han hecho con el fin de que las obras que benefician a la población se realicen, en lugar de que se paralicen por medio de un engorroso proceso de licitación.

“Ojalá y fueran catorce mil millones y no los siete mil millones (los excluidos), porque lo importante para nosotros es que las obras se hagan, no que se detengan”, dijo Argüello Poessy, ayer, al consultarle sobre las exclusiones de procedimientos que aprobaron para rehabilitar la Casa de Protocolo de la Presidencia en Pochomil, y la compra directa de repuestos para plantas eléctricas de parte de ENEL.

Los colegiados autorizaron al titular del Instituto de Turismo, Mario Salinas, para la rehabilitación de la Casa de Protocolo de Pochomil Viejo una exclusión de procedimientos de 400 mil córdobas, de los más de dos millones que se planea invertir en el bien, y dieron luz “luz verde” al presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, Ernesto Martínez Tiffer, para contratar sin licitar 7 millones de córdobas para compra de repuestos y “servicios profesionales”.

El presidente de la Contraloría tiene sus argumentos para estos dos casos y para todos. “Nosotros estamos obligados a presumir de la buena fe y probidad del solicitante, contrario a lo que hacen en los medios que piensan mal de todo, y si creen que por las publicaciones vamos a dejar de aprobar exclusiones, están equivocados”, afirmó.

Explicó que en el caso de la Casa de Protocolo de la Presidencia en el mar, el argumento del titular de Intur fue suficiente como para no convocar a un proceso de licitación, aun cuando el gobierno del presidente Ortega asumió hace más de dos años y medio, y bien pudo haberse celebrado el proceso de acuerdo con la Ley de Contrataciones, Ley 323.

“Se trata de un bien público que se encontraba en abandono y que habría que repararlo. Piden la exclusión para repararlo lo antes posible, previendo el daño que se le va a causar que siga en las condiciones en que se encuentra”, dijo el colegiado.

“Es cierto que el gobierno ha tenido tiempo para hacer un proceso de licitación, pero posiblemente no tenía los recursos para hacerlo antes, el punto es que se debe reparar, la ley dice que hay un proceso que la Contraloría está facultada para aprobarlo y lo que hemos tratado es de dar soluciones y respuesta a la población”, añadió.

“No hay oferentes chinos”, dice en caso de ENEL

Indicó que en el caso de ENEL era imposible realizar una licitación, pues los fabricantes de los repuestos de las plantas de la Empresa Generadora San Rafael S.A. (Gesarsa) son chinos, y el Estado no tiene más alternativa que buscarlas en ese país.

“¿En qué cabeza cabe que el Estado tiene que ser generador de repuestos de unas plantas chinas que fueron compradas hace algún tiempo? No se puede. ¿O querías que les dijéramos que no, para que no haya luz?, pues lo lamento, pero no podemos hacer eso, porque al final es la población la que sufre”, indicó.

Añadió que él, particularmente, es “receloso” con cada documento y acción en la que se ve envuelto Martínez Tiffer por los antecedentes de los casos Kamusi y Gero ICI, pero que eso no quiere decir que se tiene que negar todo lo que pide.

“Para poder echar a andar esas plantas que se compraron con propósitos que no voy a mencionar en tiempos de don Gabriel Levy, no queda otro remedio más que comprarle al fabricante, porque no se puede abrir una licitación pública en Nicaragua para comprar unos repuestos en China”, explicó.

¿Quién garantiza la transparencia?

Argüello Poessy dijo que la transparencia de los procesos en los que no se celebra licitación pública la garantiza la revisión posterior que realiza la Contraloría, aunque admitió que tienen los recursos para analizar cada detalle de los procesos de contratación.

“Nosotros pedimos informes posteriormente en cada exclusión que aprobamos, no llegamos a constatar si a quien se contrata viola o no la Ley de Contrataciones o la Ley de Probidad, en el sentido de los parentescos, porque es prácticamente imposible, porque en las sociedades anónimas se pueden transferir con simple endoso, pero tratamos de seguir cada caso”, indicó.

En ese sentido, se quejó del poco presupuesto que les otorgan para realizar su trabajo, ya que la demanda de auditorías y labores propias del ente fiscalizador es muy grande.