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El Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos violó la Ley General de Telecomunicación y Servicios Postales para clausurar y confiscar sin procedimiento administrativo los equipos de la radioemisora “La Ley”, según denunció Santiago Aburto, quien recibió la autorización para operar dicha estación en 2004.

De acuerdo con el principal afectado con la disposición tajante y vertical del ente regulador de las telecomunicaciones, la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones, establece procedimientos y plazos para retirar la concesión de una frecuencia radial a las personas naturales y jurídicas que hubiesen fallado en algún momento los requerimientos de ley para operar el servicio.

Aburto denunció que en su caso no fue así, y que la institución oficial asaltó las instalaciones de la emisora e incautó los equipos con lujo de violencia y sin mediar procedimiento administrativo ninguno.

Manu Militari

El afectado señala que al menos 30 hombres llegaron a la estación, rodearon la infraestructura, ingresaron con violencia, y bajo amenazas de agresión conminaron al personal a no oponer resistencia, mientras desconectaban y cargaban los equipos, valorados por su dueño en cerca de 10 mil dólares.

El presidente ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo, explicó a EL NUEVO DIARIO que el comentarista radial no cumplió con los procedimientos de la Ley 200 desde 2004, cuando le fue entregada la concesión, y por eso se le canceló el permiso de operación.

El funcionario negó el uso de “paramilitares” para decomisar los equipos, pero no explicó las razones legales para sustraer éstos, luego que los técnicos de la institución bloquearan la frecuencia de la clausurada emisora.

Aburto, quien pretendía establecer su emisora en el municipio de Sébaco, Matagalpa, es activista del Movimiento Vamos con Eduardo, del ex candidato presidencial liberal Eduardo Montealegre. El afectado con el cierre de la emisora posee un espacio en Radio Corporación, desde donde critica las políticas públicas del presidente Daniel Ortega.

Según Aburto, Telcor alteró la Ley 200 al cortar tajantemente el servicio radial sin mediar procedimientos administrativos, y mientras él ejercía procedimientos para actualizar la emisora.

Dinero sí era recibido

“Todavía estábamos haciendo gestiones y estábamos al día con los pagos. Es más, Telcor me mandaba a cobrar puntual los derechos de frecuencia, y en enero de este año me llegó la última factura del pago anual que yo fui a enterar. Si no existía relación contractual, ¿por qué me cobraban y me emitían recibos oficiales y me aceptaban los papeles del trámite?”, se preguntó Aburto.

El comentarista radial precisó que analiza con su abogado acciones a tomar para recuperar la frecuencia y sus equipos de transmisión.

La Ley 200, en su artículo 22, establece que “en caso de modificarse las condiciones de los servicios de telecomunicaciones, se respetarán los derechos adquiridos por titulares de concesiones, licencias, registros, permisos y autorizaciones vigentes”.

En los reglamentos que se dictaron para cada uno de los distintos servicios regulados por Telcor, se estableció que las condiciones para el ejercicio de los derechos que se otorgasen al operador, así como las causales de cancelación de los mismos, deberían ser notificadas en cinco días con sus razonamientos técnicos y legales.

Telcor contra sus leyes

Y el artículo 35 de la misma ley se establece “el otorgamiento o cancelación de una concesión de servicio público o licencia de servicio de interés general, sólo tendrá efecto a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial”.

“Y aquí no se publicó nada, no se me notificó nada, no se me advirtió nada, se me cobraba puntual y se me aceptaban los trámites. ¿Cómo se llama eso? Censura y confiscación”, exclamó Aburto.

La acción oficial fue criticada por diversos sectores de la comunicación social en Nicaragua, y ayer mismo la Asociación de Periodistas de Nicaragua condenó el acto, el que calificó como una “nueva escalada del gobierno de Daniel Ortega dirigida a amedrentar y debilitar las libertades políticas y de expresión en Nicaragua”.

“Desde el pasado 6 de junio, cuando el presidente Ortega pronunció un amenazante discurso en cadena de radio y televisión, se han desencadenado acciones contra la oposición política y contra algunos medios de comunicación”, dijo la APN.