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El comentarista radial Santiago Aburto inició un proceso legal para tratar de revertir la arbitraria cancelación de su emisora radial por órdenes del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, y anunció que en caso de no obtener respuesta, recurrirá a demandar internacionalmente al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con Aburto, hoy su abogado iniciará los trámites legales de apelación ante el ente regulador, y ante la Dirección General de Aduanas tratará de recuperar sus equipos que le fueron decomisados por supuestos técnicos de Telecomunicaciones.

La emisora La Ley estaba prevista a ser inaugurada el pasado sábado 20 de junio, pero técnicos de Telcor y supuestos “paramilitares” llegaron a la sede de la emisora, en la ciudad de Sébaco, y bloquearon la señal y se llevaron los equipos a Aduanas.

Según Orlando Castillo, Presidente Ejecutivo de Telcor, Aburto había incumplido varios aspectos de la Ley de Telecomunicaciones desde que le fue asignada la frecuencia en 2004, y supuestamente nunca se presentó a solucionar su situación. El afectado niega los argumentos de Castillo y alega que el cierre de la emisora fue una “pasada de cuenta política”.

De puerta en puerta

“Vamos a acudir legalmente a apelar y a tratar de recuperar nuestros equipos, y vamos a ir de puerta en puerta, y si no nos dan respuestas, vamos a agotar las vías legales y vamos a ir hasta donde se pueda llegar, incluso a demandar al Estado de Nicaragua”, dijo Aburto.

Según el activista liberal, el Estado de Nicaragua habría violado convenciones internacionales de las que es suscriptor el país, sobre libertad de expresión y derechos humanos.

El periodista dijo que hoy expondría su caso ante otros directores de medios y organizaciones radiales, para alertar a que ninguna radio más pueda cerrar cerrada a discreción por el Estado.

Castillo dijo a EL NUEVO DIARIO que algunas emisoras más estaban bajo revisión por incumplimiento a la Ley de Telecomunicaciones, y que, además, revisarían el estado legal de otras emisoras en relación con el dominio y uso de las frecuencias, ya que argumentó que las licencias otorgadas en concesión por Telcor no podían ser vendidas, cedidas, alquiladas o traspasadas a terceras personas sin la venia del Estado.

Incumplimientos son un pretexto

Un alto ex funcionario de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), aseguró que si las actuales autoridades del ente regulador pretenden normar conforme la ley el funcionamiento de las radioemisoras, tendrían que sacar del dial a por lo menos el 70 por ciento de las estaciones.

“Si la intención es normar de manera clara el funcionamiento de los medios radiales, entonces nos vamos a quedar sin el 70 por ciento de las radioemisoras que tenemos funcionando actualmente, porque la mayoría tiene problemas con el cumplimiento de la ley”, dijo la fuente.

Añadió que los incumplimientos tienen que ver conque muchos han vendido, cedido, arrendado, donado y hasta regalado las licencias o permisos que habían obtenido, lo cual es prohibido por la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Ley 200.

“Hay otras, por ejemplo, que no cumplen con la potencia, que te dicen que van a tener cinco mil vatios de potencia y a la vuelta de un año, te das cuenta que tienen quince mil”, añadió el ex funcionario del ente regulador.

También mencionó que existen otras anomalías de las estaciones radiales como invasión en las fronteras de cobertura o alcance y el vencimiento del plazo para salir al aire, que fue una de las razones esgrimidas por el titular de Telcor, Orlando Castillo, a EL NUEVO DIARIO, para clausurar radio La Ley.

Hubo tolerancia

“Hay problemas económicos, técnicos y legales, lo que pasa es que en las anteriores administraciones, había flexibilidad, tolerancia, por la libertad de expresión, porque si hubiésemos aplicado la ley, hubiéramos sacado a un montón de gente de operación”, indicó.

Ayer intentamos hablar con Orlando Castillo para consultar sobre lo dicho por la fuente, pero no fue posible localizarlo. Del mismo modo se intentó obtener una versión de Aduanas, pero tampoco respondieron a las solicitudes de entrevistas.

Durante el gobierno de Ortega se han dado varios ataques y agresiones a los diferentes medios de comunicación. A la emisora Radio Darío, en León, la destruyeron simpatizantes sandinistas en los días posteriores a las protestas por el fraude electoral de noviembre del año pasado, cuando el Consejo Supremo Electoral alteró los resultados para favorecer al FSLN.

En esas mismas fechas, a Radio Corporación y a Radio 15 de Septiembre les boicotearon las señales mediante equipos especiales que sólo Telcor podía controlar, y otras ocho radios más perdieron sus señales por el robo de sus antenas y transmisores sin que la Policía esclareciera a los autores de los “robos”.

El cierre de la emisora ha provocado las protestas y condenas de diversas instituciones de la sociedad civil, partidos políticos opositores a Ortega y hasta de la Iglesia Católica.