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La Unión Nicaragüense de Radiodifusores (UNIR), que aglutina a los directores y dueños de empresas radiales, sesionó ayer de urgencia en Managua, y aparte de condenar el cierre de Radio La Ley, anunciaron una marcha a la Asamblea Nacional y exigieron al gobierno y a los diputados a que en aras de la estabilidad política y la democracia, respeten el Pacto de San José.

Este tratado, signado por Nicaragua y plasmado en la Constitución Política, garantiza la libertad de expresión a los países signatarios de la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Más de 30 empresarios y directores de radioemisoras se dieron cita en un restaurante capitalino a debatir la situación legal de las emisoras nicaragüenses, luego de que el ente regular, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), cerrara el pasado 20 de junio Radio La Ley, bajo argumentos de incumplimientos de ley, pese a que el año pasado se emitió y entró en vigencia la Ley 670, que prorrogó la vigencia de las licencias de radio, televisión, y telecables hasta la aprobación de una nueva legislación que sustituya la Ley 200, Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

Exhortó al Gobierno

De acuerdo con Jesús Miguel Blandón, Presidente de UNIR, dicha ley 200 es violatoria al Pacto de San José, y urge una reforma que garantice la estabilidad democrática y los principios de libre empresa y libertad de expresión a los empresarios de radios.

Los miembros de UNIR, en su mayoría, firmaron y emitieron un comunicado que dice que lamentan profundamente la suspensión de las transmisiones de radio La Ley y la confiscación de sus equipos por parte de Telcor y Aduanas.

“En aras de la reconciliación, el pluralismo político, la democracia y la libertad de expresión y la estabilidad política del país, solicitamos al gobierno que se le dé una nueva oportunidad (a Santiago Aburto) a operar, más allá del criterio técnico y legal”, leyó Blandón.

Aquel Código Negro

Además, en el mismo comunicado, según explicó, se exhortó a todos las radiodifusores “a mantenerse en estado de sesión permanente contra las maquinaciones que están haciendo en la Asamblea Nacional para despojarnos de nuestras frecuencias”.

“En ese sentido, vamos a hacer una marcha la próxima semana a la Asamblea, exigiéndoles a los diputados que reformen la Ley 200, porque son ellos los máximos culpables porque nunca han querido formular una ley democrática”, dijo.

Según el empresario radial, Telcor no es únicamente la institución del problema, “es también la Asamblea que no reforma esa ley que no sirve, es de la Asamblea Nacional el problema, porque Telcor está con la ley en la mano haciendo irregularidades porque la ley se lo permite. Mientras la Asamblea no la derogue sigue siendo la misma amenaza de tiempos de Somoza”, dijo a EL NUEVO DIARIO.

“Necesitamos una ley democrática de acuerdo con el Pacto de San José, que Nicaragua está comprometida a cumplirlo, y en la Constitución se dice que hay que respetar la libertad de expresión, pero los diputados permiten la violación. Hay una conspiración del silencio. Desde hace cinco años no nos hacen caso por politiquerías, si no cambian las cosas, vamos a seguir como hace 40 años, con el Código Negro, porque esta ley, en manos de cualquier gobierno, es como el Código Negro de Somoza”, alertó Blandón, en referencia a un Código establecido por la dictadura de los Somoza para poner bozales legales a las radioemisoras y a la TV.

Contra diputados zancudos

Los miembros de Unir lamentaron las declaraciones del diputado liberal Eliseo Núñez Hernández, de “pretender subastar o licitar las frecuencias radioeléctricas que nos pertenecen, lo que constituye una clara confiscación”.

Además, repudiaron enérgicamente la postura del diputado “independiente” Mario Valle, “quien pretende que las empresas de radio, fruto del trabajo y sacrificio de tantos años, no podamos heredarlas a nuestros hijos, lo que constituye un claro intento de confiscación”.

Santiago Aburto, propietario de la emisora asaltada por personal de Telcor y de Aduanas, y connotado liberal y crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, agradeció las muestras de solidaridad, y anunció el inicio de gestiones legales ante las instancias correspondientes para recuperar sus equipos y la frecuencia.

Denis Schwartz, de Radio Ya, miembro de UNIR0, evitó emitir declaraciones a favor o en contra del pronunciamiento, y se limitó a responder que las leyes deben respetarse y que nadie puede estar encima de ellas, ni alegar criterios políticos ante el incumplimiento de la legislación.

Desde 2003, UNIR busca la reforma a 13 artículos de la Ley 200, y su condena por el cierre de la emisora se sumó a la de varias organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación, instituciones de derechos humanos, gremios periodísticos, sectores religiosos, empresarios privados y la Sociedad Interamericana de Prensa.