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El próximo 2 de julio se realizará audiencia inicial contra Servando Estrada Jirón y Lino Pérez Hernández por los delitos de corte y aprovechamiento de la madera en el período de veda forestal, dentro de la Reserva Biológica Indio-Maíz y Reserva Natural Punta Gorda.

La audiencia se realizará en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Nueva Guinea, donde el procurador de la RAAS, Antonio Ortiz, y el fiscal de la misma región autónoma, Gerardo Suárez, interpusieron denuncia y acusación el pasado 12 de junio del año en curso.

Basados en esa información, el Ejército, la Policía y el Marena se internaron cuatro días en las reservas para poder capturar a los tomatierras que ahora se encuentran bajo prisión preventiva.

Según el fiscal Suárez, los acusados también serán procesados por usurpación de funciones públicas, ya que Estrada Jirón emitió documentos como delegado de la alcaldía de Bluefields en Punta Gorda, para apoderarse de 250 manzanas de tierra dentro de la Reserva Indio-Maíz.

El fiscal Suárez advirtió que ya no se limitará a aplicar medidas administrativas en contra de las personas que cometen delitos ambientales, sino que los procesarán por la vía penal y buscarán cómo meterlos en la cárcel para sentar un precedente.

Por su parte, el procurador de la RAAS, Antonio Ortiz, señaló que existen suficientes pruebas testimoniales, periciales y documentales para que los dos depredadores ambientales sean declarados culpables.

Junto a los dos acusados se capturó a 14 personas más que continúan en investigación por encontrarse en las tierras y haber participado supuestamente en el carrileo y corte de árboles en veda.

Hechos

Según información suministrada por la delegada territorial del Marena-RAAS, Johanna Schwartz Gaitán, los denunciados, sin sustentar ningún tipo de derecho de propiedad sobre las tierras en mención y sin ningún tipo de permiso del Marena, penetraron en ambas áreas protegidas, burlando la vigilancia de las instituciones.

Durante el tiempo que estuvieron dentro de la reserva (cerca de ocho días), supuestamente talaron árboles de madera preciosa que están en veda, y, sobre todo, estaban ubicados cerca de vertientes de agua. Además, han realizado quemas forestales y cacería de animales en peligro de extinción.

“Espero que las Autoridades Judiciales puedan valorar de forma amplia todas las pruebas que presentarán la Fiscalía y la PGR, y que se impongan medidas ejemplarizantes de acuerdo con lo que establece el Código Penal”, expresó Hernán Estrada, Procurador General de la República.

El delito que se les imputa a los procesados está tipificado en el Título XV --Delitos contra el Ambiente-- del Código Penal. Suárez explicó que en caso de resultar culpables, Pérez y Estrada pueden purgar una sentencia de 3 a 10 años de prisión.