Luis Galeano
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Una revisión al Presupuesto General de la República de 2007, primero de la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, llevó a los contralores colegiados a ordenar ayer la realización de auditorías especiales en siete entidades del Estado donde se encontró irregularidades en el manejo de los fondos.

El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, informó que la decisión fue unánime para que se practiquen auditorías especiales en el Instituto de Desarrollo Rural, IDR; en la Dirección General de Ingresos, DGI; en la Dirección General de Aduanas, DGA; en el Ministerio de Educación, Mined; en el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor; en el Instituto Nacional Tecnológico, Inatec, y en el Ministerio de Gobernación, Migob.

“La decisión se tomó luego de que se revisó la ejecución del Presupuesto General de la República y los auditores gubernamentales se encontraron con hechos que deberían ser objeto de una auditoría especial en cada una de esas entidades”, dijo Argüello Poessy.

“Mis colegas y yo estuvimos de acuerdo en que lo más indicado es que las auditorías las haga directamente la Contraloría, porque si lo hacen las auditorías internas, creemos que no va a ser aceptable esa decisión”, explicó el colegiado, quien indicó que una de las anomalías que más se repitió en las entidades mencionadas fue la falta de documentación soporte en la ejecución.

Nueva Ley Orgánica en vigencia
Por otra parte, el contralor indicó que se fallaron algunas auditorías especiales, pero se excusó de brindar información de las mismas, debido a que la nueva Ley Orgánica del ente fiscalizador entró en vigencia, y ordena que los resultados de cualquier resolución debe ser dada a conocer una vez que el afectado o beneficiado por la misma sea notificado.

“Tomamos algunas decisiones en relación con algunas auditorías que se venían practicando, pero podemos dar información sobre ellas, una vez que les notifiquemos a los auditados los resultados”, dijo el colegiado.

“Las exclusiones no nos corresponden”

Por otra parte, los colegiados decidieron por unanimidad enviar una carta a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, planteando su posición sobre la facultad de aprobar o denegar exclusiones de procedimientos a las entidades públicas.

“Es de nuestro criterio que las exclusiones de procedimiento no son de la competencia de la Contraloría, porque constitucionalmente no tenemos control previo”, dijo el titular de la Contraloría.

Explicó que la comunicación la enviaron a propósito de que el Parlamento está discutiendo la nueva Ley de Contrataciones del Estado.