Martha Vásquez Larios
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El Grupo Barceló Montelimar ratificó su finiquito definitivo sobre la privatización y compraventa del complejo turístico Montelimar, ubicado en Masachapa, y suscribió un convenio de coinversión con el gobierno de Nicaragua, a través de la formación de una Sociedad Anónima en la que el accionista mayoritario sería el Estado.

Aportan la pista

“Ha sido un proceso de año y medio de negociación, y llegamos a la conclusión de que la mejor opción era aportar la pista para hacer una sociedad mixta con el Gobierno para desarrollar el turismo”, expresó Juan José Ribas, Director del Grupo Barceló Centro y Suramérica.

Además, el acuerdo firmado ayer por el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y Juan José Ribas, contempla que Nicaragua desistirá de las acciones judiciales y arbitrales iniciadas en contra de Barceló el año pasado.

También manda al Juez Tercero Civil de Distrito de Managua a que desista de la demanda y juicio promovido en dicho juzgado el 30 de abril de 2008 contra esta sociedad española.

Asimismo, solicitan el levantamiento del secuestro preventivo practicado el 28 de abril del mismo año por el Juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, en bienes e instalaciones del Hotel Montelimar S.A.

“No hay obligaciones pendientes”

El procurador también enviará carta al representante del grupo Barceló, dejando sin efecto la notificación de controversia realizada el 25 de junio de 2008, y enviará copia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El Gobierno de Nicaragua, a través de la PGR, después de haber protagonizado la demanda de pago por 30 millones de dólares al Grupo Barceló, por supuesto incumplimiento de contrato, ahora asegura que después de “revisar y reconsiderar el caso, reconoce que la adquisición de dicho complejo turístico fue legal y que no existen obligaciones pendientes por parte de Barceló para con el Estado”, según el acuerdo.

“Estamos plenamente satisfechos. Hicimos un convenio ganar-ganar, ganó el pueblo nicaragüense y la empresa privada Barceló. El Estado será socio mayoritario y podrán hacer sus propias conclusiones. El Estado será socio de una sociedad tan importante como Grupo Barceló”, aseguró el procurador Estrada.

Según la demanda de la PGR y que en su momento aseguró estar bien fundamentada, Barceló debió pagar un millón 450 mil dólares en diez cuotas anuales al gobierno y que estaban condicionadas con la ocupación de las 202 habitaciones, pero que Barceló ocultó tal dato para no pagar y que el daño, sumando intereses, ascendió a los 30 millones de dólares.

Ribas, por su parte, mantiene que Barceló nunca debió ni debe al Estado de Nicaragua. Al preguntarle si hubo presión para firmar este acuerdo, prefirió no responder. “No voy a responder eso. El caso queda cerrado. Hay que poner en funcionamiento la pista”, concluyó.

Logran pista de aterrizaje

En el proyecto de coinversión entre el Estado y el Grupo Barceló, este último debe aportar capital de inversión para el desarrollo de un Aeropuerto Internacional Turístico y servicios adyacentes, que sea de atractivo turístico nacional e internacional y el Estado participaría a través de las instituciones que correspondan, haciendo inversiones adicionales para el funcionamiento del mismo.

Además, facilitará los trámites para el otorgamiento de licencias y permisos correspondientes. Para la formalización de esta coinversión han decidido construir una sociedad anónima de capital mixto y mayoría estatal, reza el acuerdo.

El monto de inversión que hará Barceló estará determinado a partir del valor de la pista de aterrizaje, pero la referencia mínima será el valor pagado por Barceló al adquirir el complejo turístico en 1993, que fue de 3 millones 30 mil dólares.

La pista está destinada a fines turísticos, exclusivamente, y tanto el Estado, a través del Intur, como el grupo Barceló, a través de sus agencias en diferentes partes del mundo, se comprometen a realizar una campaña publicitaria de promoción turística de la zona y de Nicaragua en general.